UN BALANCE SOBRE LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Logros y desafíos

Hasta ahora se realizaron 153 juicios en los que hubo 660 condenados y 60 personas absueltas. Pero en el año que terminó hubo 19 sentencias contra las 25 de 2014, lo que marca una desaceleración. El objetivo para 2016 es investigar a los civiles, sobre todo al poder económico.

por Alejandra Dandan

En 2006 comenzaron los juicios orales de lesa humanidad. A diciembre de 2015, los juicios llegaron a 153 con 660 condenados y 60 personas absueltas. Hay 116 causas ya elevadas a juicio oral que aún esperan fecha de comienzo de debate y otras 237 en instrucción. Durante este año, hubo 19 sentencias contra las 25 sentencias de 2014: los datos indican una desaceleración de las horas de audiencia de los Tribunales Orales Federales, aún teniendo en cuenta que ahora hay 7 megajuicios en simultáneo con debates más largos. Las estadísticas que acaba de publicar la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del ministerio público muestran parte de los avances y retrocesos del reconocido proceso de justicia por los crímenes de la dictadura en Argentina. Consultados por Página/12, integrantes de los organismos de derechos humanos valoran en términos positivos que durante el 2015 se mantuvieron sostenidamente los juicios en buena parte del país. Y que existieron dos hitos fundamentales: la apertura del juicio a los jueces en Mendoza y del juicio al empresario Marcos Levin en Salta. La comisión bicameral para investigar responsabilidades civiles en el Congreso a partir de marzo, el informe de Flacso, el CELS y el Ministerio de Justicia sobre esos mismos actores asoman como ejes del 2016 para contrarrestar los golpes que recibieron este año las causas a los empresarios. Y también aparece en agenda el inicio del Juicio por el Operativo Independencia. En ese escenario con el nuevo contexto político, los organismos mantienen las alarmas encendidas por la continuidad de las políticas de Estado.

El fin de 2015 marcó varios cierres en simultaneo. Uno se refiere a los números de 2015 y otro más extenso abarca los años transcurridos desde aquel primer juicio oral en La Plata en el que desapareció Julio López. Esa segunda mirada abre un balance sobre los años en los que las demandas de Memoria, Verdad y Justicia –sostenidas incansablemente por los organismos de derechos humanos– fueron tomadas como políticas de Estado. Las primeras declaraciones de Mauricio Macri sobre este eje encendieron señales de alarma al interior de los organismos cuando ante un editorial del diario La Nación que pidió impunidad para los acusados, expresó que “la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea”. Los organismos respondieron inmediatamente que eso no bastaba para garantizar una política de Estado. Luego Macri nombró por decreto dos ministros de la Corte, lo que fue masivamente repudiado por los organismos de derechos humanos.

El balance

Uno de los datos valorados este año por las querellas de estos juicios es el sostenimiento constante de los debates en buena parte del país. Este dato encierra otros ejes. Algunos positivos, como la constante producción de prueba, el acceso a nuevos datos de víctimas y de victimarios y las políticas estatales de desclasificación de documentos. Otros negativos, dado que mirados de cerca los juicios también mostraron mayor lentitud, caída de los números de las sentencias, aumento de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Aquí hay que pensar además el bloqueo o resistencias para el avance de las causas a los civiles. Y en términos de superestructura, el retiro o caída de la actividad de la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia.

Elizabeth Victoria Gómez Alcorta estuvo a cargo de la coordinación del Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia, que se encarga del monitoreo de las causas. “Entre los puntos salientes de este año hay que marcar el primer juicio a un empresario –señala–. Hay que decir además que se mantuvieron sostenidamente los juicios en muchas provincias y que se lleva adelante el juicio a los jueces, sin duda es uno de los hitos de 2015. Creo que la presentación del Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad realizado por el CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia, de algún modo marca la agenda de 2016, lo mismo que el comienzo del juicio por el Operativo Independencia.”

La constante en la realización de los juicios también es una marca de este año para Pablo Llonto, querellante de las causas de Campo de Mayo. Llonto señala que en ocasiones hubo hasta 7 u 8 debates en simultáneo y detalla como punto saliente de “esa intensa actividad judicial es que va a confirmando que las causas están muy activas y que existe un aporte de testimonios y de documentación que agregan cada vez más material de conocimiento sobre nombres, estructuras e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”. Esos resultados marcan al mismo tiempo un desafío: “Los datos que surgen de los juicios permiten buscar a centenares de imputados que hasta ahora se desconocían, pero además identificar a otras víctimas. Esto es porque los juicios no sólo buscan condenas sino que actúan como fuente de prueba. De ellos surgen pruebas nuevas para nuevos juicios con nuevas víctimas”. Uno de los ejemplos, dice, es el juicio por los crímenes del Vesubio con un crecimiento de 100 por ciento de las víctimas entre 2010 a 2015. Vesubio I se hizo por 156 víctimas; Vesubio II por 202 y Vesubio III, que aún no se realizó, tiene a 358 personas.

Otra riqueza de los Juicios –ahora mirados en plazos más largos– es que aportaron datos para identificar lugares donde los detenidos desaparecidos estuvieron alojados. “De gran parte de los desaparecidos no se sabía en qué centro clandestino habían estado –dice Llonto– y ahora, por primera vez después de cuarenta años, sus familiares pueden tener algún dato.” Eso sucede no solo por la reactivación de los juicios, sino por la dinámica de la oralidad: a diferencia de la instrucción los debates orales están permitiendo a las víctimas hablar de manera más suelta, durante mayor cantidad de tiempo y sin la interlocución de un escriba judicial.

Los civiles

Según los últimos números de la Procuración, sobre 54 imputados del sistema judicial sólo 2 por ciento tiene condena; más de la mitad está procesado y un 34 por ciento se encuentra sometido a las primeras medidas de investigación. Entre los empresarios, el panorama es aún más complicado. Sobre 17 imputados, hay 2 condenados y 1 en juicio oral, pero el universo más numeroso lo integran 5 faltas de mérito. Los golpes más fuertes de este año en estas causas fueron la falta de mérito a Pedro Blaquier de Ledesma impulsada por la Casación, el rechazo a las indagatorias de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de Papel Prensa, el reciente apartamiento del camarista Eduardo Freiler en esa causa y la falta de mérito a favor de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Lo positivo, como se dijo, fue el comienzo del juicio a Marcos Levín.

En este campo se esperan algunas novedades para 2016: la sentencia del juicio a Levín; un dictamen de la Procuración en la causa a Pedro Blaquier para que la Corte revise la falta de mérito de Casación; el inicio de las actividades de la Bicameral del Congreso y el demorado comienzo del juicio por los directivos de la Ford. El nuevo escenario político también aquí produce, sin embargo, las mayores dudas y perturbaciones.

Tomas Ojea Quintana es querellante de la causa Ford en representación de los delegados víctimas de secuestros. Ford se elevó a juicio oral hace un año pero no tiene ni jueces ni fecha de comienzo. “Es positivo que en un futuro –aunque no sabemos cuándo– se abra el juicio oral y público contra los crímenes cometidos por los directivos por Ford”, dice el abogado. “El caso ha llevado mucho tiempo pero finalmente logramos que ingresara en el Tribunal Oral de San Martín donde se ha preparado toda la prueba. Sólo queda definir la fecha de comienzo. Eso fue positivo para los trabajadores y el equipo jurídico. Pero eso también lleva a lo negativo, porque desde que el expediente entró al TOF no logramos saber quiénes van a ser los jueces que van a integrar el Tribunal para que el juicio se haga. Hay responsabilidades del Consejo de la Magistratura, de Casación y del mismo tribunal, porque hubo jueces que han ido y venido y renunciaron con argumentos que en nuestra opinión no eran aceptables.” Eso genera, dice, “una incertidumbre muy seria entre las víctimas y nos plantean desafíos como saber si la Justicia y este TOF se va a constituir efectivamente para hacer Justicia en un escenario de un gobierno que no está dando señales en particular por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

David Leiva es querellante en Salta en la causa a Marcos Levin. También destaca la importancia del comienzo del debate aunque adelanta preocupaciones. “Nos preocupó la foto que circuló en los medios cuando Macri se instaló en el Hotel Alejandro I (de Marcos Levín) y el empresario pechó un lugar hasta colocarse a su lado. Nosotros, de todos modos, hemos trabajado y tenemos prueba suficiente en la causa que determina su participación en los hechos que se le imputan y el uso del aparato estatal para perseguir a los trabajadores de la UTA.” El juicio en Salta está todavía en proceso, duró mas de lo esperado, una jueza dejó el puesto y lo mismo sucedió con el abogado de Levín.

Luz Palmas Zaldúa es abogada querellante por el Cels en las causas de lesa humanidad. Señala que el avance en estas causas es un tema prioritario. “En adelante debemos avanzar en la investigación y sanción de los responsables civiles por delitos de lesa humanidad, fundamentalmente los actores económicos. Esperamos la sentencia en la causa que juzga la responsabilidad del dueño de la empresa La Veloz del Norte por la represión sufrida por un delegado gremial durante la dictadura cívico-militar y que finalmente empiece el juicio a los directivos de la empresa Ford, demorado en una jurisdicción, San Martín, que tiene varios juicios con fecha pendiente de inicio. Por otra parte, el Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado puede tener impacto en las investigaciones en curso y aportar información para abrir nuevas causas. Por último, la labor de la nueva Comisión Bicameral puede contribuir a profundizar esas líneas.”

Liliana Alanis querellante en ESMA de la Asociación Profesionales en Lucha señala: “Estos juicios lentos e incompletos, tienen pendiente además la deuda de atacar a los grupos económicos que organizaron el golpe. Contamos con los dedos los civiles que están siendo juzgados o investigados, se reducen mayormente a los casos de apropiación de menores –las mujeres apropiadoras–, cuando la burguesía nacional fogoneó y participó en el golpe militar”.

La documentación

Un aporte central para las causas de lesa humanidad fueron las políticas de Estado de desclasificación de documentos. La fiscalía ESMA pudo reconstruir las estructuras de la Armada para enmarcar la participación de los pilotos de la muerte, juzgados por primera vez en el juicio que se realiza en este momento. El juicio a los jueces de Mendoza trabaja sobre una prueba de mas de 200 expedientes de detenidos desaparecidos que pasaron durante la dictadura de la policía de Mendoza a la justicia federal. Pablo Salinas, del MEDH, es querellante en esa causa. “Los jueces fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días”, dijo sobre el valor de esos papeles. “Entiendo que ahora son centrales los alegatos que se realizan en el debate, en febrero comenzaremos nosotros en representación del MEDH.”

La señalización de la Escuelita de Famaillá como centro clandestino de detención y el anunció del comienzo del juicio por el Operativo Independencia previsto para mayo de 2016 resulta uno de los hechos más importantes para las provincias del norte. “No sólo es importante para Tucumán o Santiago del Estero sino también para Jujuy, Catamarca y Salta”, explica Luis Garay, de la Asociación de ex detenidos de Santiago del Estero. “El juicio por las más de 216 víctimas en el primer tramo y más de 30 imputados abarca una investigación que comienza en 1975 sobre los años de la democracia y que en realidad nunca se terminó. La señalización de la Escuela de Famaillá que fue el primer centro clandestino del país y que estaba totalmente olvidado fue otra de las marcas importantes para este año: por ahí pasaron mas de 2000 personas, 90 por ciento de las cuales están desaparecidas.”

Delitos sexuales

Las condenas por delitos sexuales pasaron de 0 a 15 entre 2010 y 2015. “El avance de estas causas hace dos años era impensable”, dice Carolina Varsky de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Hoy es factible que ante un pedido, un Tribunal haga lugar a condenas de este tipo.”

Rectificaciones en la prensa

Otro emergente del 2015 fueron pedidos de reparación para las víctimas en términos de Memoria y de Verdad. Como sucedió con la fiscalía de Bahía Blanca, la fiscalía ESMA pidió la rectificación de noticias publicadas durante la dictadura por los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y las revistas Somos, Gente y Para Ti. Los artículos presentaban a las víctimas del terrorismo de Estado bajo la configuración de delincuentes subversivos aportando a la acción psicológica impulsada por el régimen de facto. En esa línea pueden leerse otros pedidos semejantes. Esa misma fiscalía pidió que la Corte declare de Patrimonio Histórico y Cultural el contenido de la causa ESMA, una línea que abre instancias de acceso a la información mas allá del contexto del Juicio. También pidieron que se declare de Patrimonio Cultural e Histórico el Programa de la Escuela va a los Juicios. El dato no es menor: en el marco de la acordada de la Corte que regula y restringe el acceso de los medios de comunicación a la producción de la prueba testimonial de los debates, el Programa funcionó como verdadera puerta de salida de los Juicios a la escena de lo público.

Cóndor

En los primeros meses de 2016 habrá sentencia en el juicio por el Plan Cóndor. Luz Palmas Zaldúa, del Cels, señala el aporte de ese juicio para el escenario de Justicia en la región. “De dar cauce a las acusaciones planteadas –dice–, se constituiría en la primera sentencia en probar el Cóndor como sistema criminal, como una asociación ilícita. La importancia de este juicio se extiende a la región ya que esperamos que impulse los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en los países miembros del Plan, sobre todo en aquellos en donde la investigación y sanción de delitos de lesa humanidad no avanzó lo suficiente o ni siquiera dio sus primeros pasos.”

Desaceleración

Entre los retrocesos, los datos de este año marcan una desaceleración en el ritmo de las audiencias de juicios orales. De acuerdo a los datos de la Procuración, el ritmo de sentencias comenzó a descender en 2014 y continuó en 2015. Esto da cuenta de un ritmo a la baja en la celebración de los juicios. Uno de los datos que se analizaron para entender estos números fue la realización de las megacausas: en este momento se hacen siete juicios orales de esas dimensiones con debates más largos y amplios. Sin embargo, sólo 3 de las 7 megacausas en curso tienen demoras con 2 o 3 años de audiencias: La Perla, ESMA y Cóndor.

El último Informe de la Procuración concluye, entonces, que los Tribunales efectivamente tuvieron una postura más laxa, con una baja de audiencias semanales: hay juicios pautados una vez cada 15 días con sólo media jornada de debate.

Este es uno de los principales reclamos de querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país. Entre los casos paradigmáticos aparece la jurisdicción de San Martín y el debate por la ESMA Unificada.

“San Martín es el caso mas gráfico”, dice Llonto. “Con 13 juicios orales en espera, sólo se hizo 1 en el 2015: el juicio por los hechos en la Comisaría de Villa Ballester que debió haber durado un mes y se extendió durante seis meses. Entre los problemas, está la lentitud de los jueces, pero además hay problemas de integración de los tribunales, fallas en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara de Casación.”

Palmas Zaldúa apunta a las dificultades de los tiempos en ESMA Unificada. “Es necesario que se agilicen los tiempos del debate del Juicio ESMA Unificada, que ya lleva más de 3 años, para que antes de concluir el año 2016 tengamos una sentencia. Sería la primera en la que se acredite la existencia de los vuelos de la muerte. Además, esta causa es muy importante para el CELS porque entre las numerosas víctimas por las que aún no hubo condena, se encuentra Mónica Mignone, la hija de Emilio Mignone, fundador del CELS, por el que hasta ahora no hubo ninguna condena.”

Acumulación

De acuerdo a los datos de la Procuración, hay 353 causas en trámite en instrucción o elevadas a juicio oral pero sin fecha de comienzo: 237, es decir, el 67 por ciento está aún en instrucción y 116 fueron elevadas a juicio pero su comienzo no está previsto.

Una de las demandas de los organismos y querellantes es acelerar las causas por la edad de víctimas y victimarios. Una de las herramientas usadas en estos escenarios de crímenes masivos es la acumulación de causas en tramos más numerosos o megacausas. Desde la Procuración, consideran que la tendencia a acumular las causas podría reducir la cifra de trámites pendientes en instrucción. El problema es entender si los criterios que se usaron hasta ahora bastan o hay que imaginar nuevas direcciones. Hasta ahora las causas se acumulan en general por centro clandestino o por imputados, o por fuerzas. “A esta altura del proceso –señalan en la Procuración–, en algunas jurisdicciones quizá haya que empezar a pensar en el aparato represivo de local de modo completo y articular a los distintos integrantes de las fuerzas en un mismo debate.”

Fallecidos

Un dato en aumento es el número de fallecidos a 40 años de los hechos. De los 2220 imputados en Juicio, 13 por ciento falleció: 60 murieron luego de la sentencia y 239 sin sentencias. Otro dato en esa línea es una preocupación por las domiciliarias. Gómez Alcorta señala como retroceso, el avance de prisiones domiciliarias y excarcelaciones: los juicios orales se están realizando con más imputados excarcelados.

Las demoras en la Corte

Otro punto del año es la lentitud en la confirmación de las condenas de parte de la Corte Suprema de Justicia: sólo el 24 por ciento de las condenas está firme y el 15 por ciento de las absoluciones. Entre los problemas que eso genera, las querellas apuntan dificultades para concretar las sentencias: si la sentencia a una persona de 60 años incluye el arresto en una cárcel común, el tribunal no formaliza la detención hasta que la Corte la confirme. Lo mismo sucede con las medidas que disponen exoneraciones.

En esa línea, el CELS agrega que la Corte intervino en 102 casos y en todos confirmó la decisión de los tribunales de primera y segunda instancia, ratificando la constitucionalidad de las decisiones judiciales. “Pero los tiempos que atraviesa una sentencia para quedar firme, pasando por Casación y la Corte, son extensos. Como ejemplo podemos mencionar que la sentencia del juicio de ESMA, dictada el 28 de diciembre de 2011, recién quedó firme por la Corte el 12 de mayo de 2015. En el caso de Juan Carlos Falcón, imputado en el juicio de ABO, fue absuelto el 22 de marzo de 2011; la sentencia fue recurrida por algunas querellas –entre ellas el CELS– que presentamos un recurso extraordinario ante la Corte y a casi cinco años, aún está pendiente de resolución.”

Genocidio

Para José Schulman, de la Liga, lo más significativo de este año fue la sentencia del TOF de La Plata que consideró probado en Argentina el genocidio, “tal como lo estipula la Convención pertinente de 1948. En el 2006 –dice–, en el juicio contra Etchecolatz se entendió que los delitos se cometieron ‘en el marco de un genocidio’, pero la desaparición de Julio López obturó el debate que nunca tuvo razones exclusivamente jurídicas”. Si hubo genocidio, dice él, es porque “hubo un bloque social que lo planificó para reorganizar regresivamente a la sociedad. La Liga propone que el 2016 sea el año de los juicios contra el poder económico, convencidos que el único modo de no retroceder es avanzar en ampliar el campo de los acusados”.

Liliana Alanis, querellante de ESMA, también destaca este dato: “La victoria conquistada este año fue obtener la primera sentencia por genocidio, conforme lo solicitado por la querella de Justicia Ya! La Plata. En el marco del juicio FuerTar 5, por primera vez se condenó a los genocidas por el delito internacional de genocidio. Esperamos que la misma resolución tome el TOF N° 1 en la causa ESMA: a las cosas hay que llamarlas por su nombre, en el país hubo un genocidio, los perpetradores son genocidas y así deben ser condenados”.

Congreso

Un eje positivo de este año fueron las políticas emanadas desde el Congreso. La creación de la Comisión Bicameral para investigar responsabilidades civiles. La ley que impide indultar, amnistiar o conmutar penas a los responsables de crímenes de lesa humanidad aprobada por mayoría con la oposición del macrismo. Y el proyecto de declaración que firmaron todos los bloques –incluso Federico Pinedo del PRO–, que declara a los Juicios de lesa humanidad como política de Estado, fueron parte de los logros.

El futuro y el Estado

La preocupación central de querellas y organismos es el lugar que asumirá el Ejecutivo con estas políticas. “El impulso a las políticas públicas de sostenimiento, programas, direcciones y articulaciones desde el Ejecutivo Nacional son un pilar fundamental del proceso de juzgamiento”, dice Gómez Alcorta. En esa línea, Llonto agrega que “el interrogante político es una preocupación sobre el macrismo porque vemos un Estado seguramente ausente que hoy no da ninguna señal, ni una sola, de apoyar a los Juicios. Esto es preocupante. Es un retroceso a 15 años, a la época de la Alianza en la que algunos de sus integrantes de la UCR hacían mención a la necesidad de Juicio y Castigo pero en los hechos no concretaban nada. Como siempre, nuestra tarea será solicitar, reclamar, ganar la calle, exigir y pensar alternativas legislativas para apurar los Juicios. En esta línea hay que decir que también preocupa mucho el aporte de datos y de documentación que están en manos del Estado a las causas que se llevan adelante porque los nuevos secretarios no dan ninguna señal en ese sentido”.

La región

La Procuración asumió la coordinación del Sub Grupo de Trabajo sobre Delitos de Lesa Humanidad en el marco de la XVIII y XIX Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (Rempm). “Como parte de este rol, elaboró una Guía de actuación para los Ministerios Públicos en la investigación penal de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes de lesa humanidad. La Guía fue adoptada por los fiscales y Procuradores Generales del Mercosur, lo cual significa un importante avance en la investigación de estos delitos.” Por otro lado, el área “organizó en el mes de noviembre, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería, el Coloquio Regional sobre los 40 años del inicio de la Operación Cóndor, donde coordinó un taller de trabajo en el que participaron fiscales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela con competencia en materia de investigación penal de crímenes contra la humanidad”. Durante la reunión, hubo un compromiso para elaborar y compartir una metodología común para el monitoreo del proceso de justicia en cada país, con miras a obtener datos comparables del avance y los obstáculos de los juicios a nivel latinoamericano.

Comision internacional contra la pena de muerte

por Horacio Verbitsky

Muchas leyes, algunas constituciones americanas y todos los sistemas de protección de los derechos humanos garantizan el derecho a la vida. De los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos, 19 ya abolieron la pena de muerte por delitos comunes y 15 aún la tienen en los códigos pero no la aplican desde 2008. Sólo los Estados Unidos continúan realizando ejecuciones, como ya explicó el comisionado Bill Richardson, aunque la cantidad de nuevas condenas y de ejecuciones declina año tras año.

El número de inocentes ejecutados en Estados Unidos (151 personas desde 1973) y el inocultable sesgo racista de las víctimas (el 60% fueron afroamericanos) es impresionante.

Sin embargo, tampoco en el resto de las Américas conviene apurarse a celebrar, ya que formas más solapadas de criminalidad estatal logran el mismo efecto de control social allí donde la pena de muerte legal ha sido abolida o no se practica. Ése es el caso de las ejecuciones extrajudiciales y de las leyes de derribo de aeronaves, que con el argumento de enfrentar al nuevo demonio del narcotráfico se han ido extendiendo por la región.

En la Argentina, la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 nunca aplicó la pena de muerte tal como estaba contemplada en bandos y decretos de excepción. Sin embargo se produjeron miles de ejecuciones extrajudiciales por mano de fuerzas estatales. Bajo el impacto de estos episodios, en 1984 el primer gobierno electo por el voto popular derogó la pena de muerte por delitos comunes. Diez años después, bajo un gobierno de otro signo político, la reforma constitucional de 1994 abolió en forma definitiva ese castigo por razones políticas. En 2008, la Argentina ratificó el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y derogó el Código de Justicia Militar, como conclusión de una causa que un joven oficial del Ejército llevó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos con el patrocinio del CELS. De este modo la pena de muerte fue abolida bajo cualquier circunstancia y no podrá ser reimplantada. Esto ocurrió durante un tercer gobierno, lo cual indica el amplio consenso suprapartidario que sustenta esta decisión.

Pero esa pena erradicada de constituciones, leyes y códigos se sigue aplicando en las calles, por medio de las ejecuciones extrajudiciales, que constituyen una forma aún más perversa, porque se aplica sin juicio ni defensa, a discreción de quien empuña las armas que el Estado puso en sus manos para garantizar el orden constitucional y las libertades públicas. La base de datos del CELS registra por lo menos 130 ejecuciones en la última década: 55 cometidas por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, 46 por integrantes de la Policía Federal y 6 por la nueva policía metropolitana de la Capital. Los autores de la mayor parte de esas muertes estaban de servicio al producirse los hechos y la mayoría abrumadora de las víctimas fueron hombres jóvenes, de menos de 30 años de los barrios más pobres. En lo que va de este año, se contabilizaron no menos de 11 situaciones de este tipo en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne a la Capital Federal y a los partidos más próximos del conurbano bonaerense.

Un defensor público, un juez y hasta el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense acusaron a la policía de reclutar a hombres jóvenes para robar automóviles y saquear viviendas marcadas y de matarlos luego. La investigación de estas denuncias nunca avanza porque frente a la histeria mediática por “la inseguridad” no hay un escándalo equivalente contra la violencia institucional.

En 2004, el oficial Hugo Alberto Cáceres fue condenado a 22 años de cárcel, por haber organizado un escuadrón de la muerte financiado por comerciantes de los barrios del norte del conurbano para eliminar a jóvenes ladrones. Pero en 2010 ya estaba en libertad, anunciando en Facebook los servicios de su agencia privada de seguridad. Su mejor publicidad es la fama que se había ganado en su anterior cargo público.

Casos similares se denunciaron en el área próxima al aeropuerto internacional de Ezeiza, implicando a varios oficiales y suboficiales protegidos por el intendente Alejandro Granados. Una década después, Granados fue designado ministro provincial de Seguridad. Durante su gestión el gobierno modificó el tipo de información pública incluyendo por primera vez la inadmisible categoría de “delincuentes abatidos”, que es una celebración apenas disimulada de esas ejecuciones extrajudiciales. Hablar de delincuentes cuando no ha habido, acusación, defensa ni juicio, es un modo hipócrita de convalidar esas penas de muerte ilegales.

Un problema general

El mismo esquema se repite en otros países de la región, como México, Brasil, Colombia y Venezuela. Más allá de las diferencias de país a país, diferentes informes del Relator Especial de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de Amnesty y de organizaciones no gubernamentales calculan en unos 500 los homicidios cometidos cada año por la policía de San Pablo y de Río de Janeiro, las principales ciudades de Brasil; varios miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Colombia, donde esos casos se conocen como “falsos positivos”; una relación de veinte civiles asesinados por cada militar que muere en México, y alrededor de mil personas ejecutadas por año en Venezuela, una amplia mayoría de entre 15 y 20 años, sin proceso legal alguno.

En todos esos casos, la norma es la falta de información seria y fiable. El Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Christof Heyns, recomendó la creación de una base de datos consolidada sobre homicidios, por Estado, género y edad, como un paso para el establecimiento de una política pública efectiva y la muy necesaria responsabilidad.

Durante la reciente campaña electoral argentina, distintas fuerzas políticas propusieron implicar nuevamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que fue prohibido por las sucesivas leyes de Defensa Nacional, de 1988; de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, sancionadas por acuerdo multipartidario durante tres diferentes gobiernos, y reglamentadas en 2006 por un cuarto presidente. Este cambio provoca resistencia incluso dentro de las Fuerzas Armadas, dado que su organización, armamento y doctrina son por completo diferentes a los de las fuerzas policiales.

La mayoría de esas propuestas contemplan apostar tropas militares en las zonas fronterizas por las que se afirma que ingresan los narcóticos de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. El derrotado candidato presidencial Sergio Massa, cuya tercera fuerza no pasó de la primera ronda electoral, también clamó que ese despliegue alcanzara a los barrios pobres de las grandes ciudades. Además legisladores de diferentes partidos presentaron proyectos de ley que permitiría derribar aeronaves sospechosas de transportar sustancias ilegales. Todos esos proyectos contemplan el uso de armas de guerra contra esos aviones, ante la mera sospecha de que a bordo pudiera haber personas que intentaran cometer un delito. Esto equivale a una condena a muerte sin juicio, con absoluto desprecio por el derecho a la vida y la presunción de inocencia y también viola el derecho internacional que prohíbe atacar aviones civiles que no constituyan una amenaza armada. Leyes de este tipo ya han sido sancionadas en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Uruguay es el único de esos países que anunció la decisión de no derribar aviones sospechosos. El resto se ha jactado de haber destruido, inutilizado, neutralizado o derribado aeronaves, pero no hay datos disponibles sobre el número de muertos y/o heridos en esas operaciones. La única excepción ocurrió en Perú en 2001, cuando fue derribado un avión, lo cual causó la muerte de una familia de misionarios estadounidenses, con un bebé de siete meses. Como consecuencia, ese programa impulsado igual que el de Colombia por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue suspendido durante varios años. Recién se reinició la década siguiente, mediante una nueva ley promulgada por el dictador civil Alberto Fujimori.

Asesinatos selectivos

Según el informe 2010 del entonces Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, los asesinatos selectivos constituyen una licencia para matar, definida en forma imprecisa.

Sus efectos prácticos son la imposición de la muerte a presuntos terroristas, con desprecio por su derecho a la vida y un juicio justo. Según el actual Relator, Christof Heyns, desde noviembre de 2002 hasta febrero de 2014 por lo menos 2.835 personas murieron en Paquistán, Yemen y Somalia por ataques con drones. Distintas investigaciones periodísticas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos han establecido que un alto número de víctimas eran civiles dedicados a actividades normales de su vida cotidiana, como compras en mercados, internación en hospitales o fiestas familiares. Estados Unidos es el país que más usa los asesinatos selectivos y hay evidencias de que los ha cometido en Afghanistán, Irak, Libia, Paquistán, Somalia y Yemen. Desde que Barack Obama asumió el gobierno su país ha realizado por lo menos 400 ataques con drones, que causaron la muerte a más de 2.600 personas. El gobierno no confirma el número de operaciones ni de muertes, y sólo en contados casos lo máximo que el gobierno y/o las fuerzas militares estadounidenses han hecho es reconocer el error y pedir disculpas. Demasiado tarde. La Comisión debe redoblar sus esfuerzos para que la pena de muerte sea abolida en los países que aún no lo han hecho, pero su plan de acción también debe tomar en cuenta estas formas no por sinuosas menos terribles de aplicación del castigo capital.

Símbolos racistas en el Mississippi

Un deseo flamea sobre Mississippi: Estudiantes universitarios piden retirar símbolos racistas

Amy Goodman y Denis Moynihan

Han pasado cuatro meses desde la masacre perpetrada en la Iglesia Metodista Africana Emanuel de Charleston, Carolina del Sur, en la que perdieron la vida nueve pacíficos integrantes de su congregación. Aquellas balas presuntamente disparadas por el partidario de la supremacía blanca Dylann Storm Roof hirieron de muerte a varias personas, pero podrían también haber asestado un duro golpe a la Confederación. Pocos días después de la masacre, la bandera confederada fue retirada del predio del capitolio estatal de Alabama. La bandera desapareció además de las góndolas y sitios web de tiendas como Wal-Mart, Amazon y Etsy. Diez días después, la activista afroestadounidense Bree Newsome trepó uno de los mástiles ubicados en el predio del parlamento de Carolina del Sur, retiró la bandera confederada y fue inmediatamente arrestada. La bandera fue colocada nuevamente en su lugar y le tomó casi dos semanas más al parlamento controlado por los republicanos aprobar una ley —que fue luego promulgada por la gobernadora republicana Nikki Haley— que establece el retiro de la bandera de batalla de la Confederación de una vez y para siempre del predio del Parlamento de Carolina del Sur. La bandera flameaba allí desde 1961, primero sobre la cúpula del Capitolio y luego, a un costado, en el monumento en conmemoración de la Guerra de Secesión.

Mientras Dylan Roof permanece en prisión, a la espera de que comiencen los juicios en su contra por cargos federales y estatales, el movimiento generado a raíz de la masacre continúa creciendo. Recientemente, los estudiantes de la Universidad de Mississippi, en Oxford, se organizaron para exigir el retiro de la bandera estatal de Mississippi del predio de la universidad. La bandera de ese estado es la única de las 50 banderas estatales que mantiene el mismo diseño de estrellas y barras de la bandera confederada. En la esquina superior izquierda de esta bandera continúa flameando con orgullo ese símbolo de violencia racista y secesión.

El martes por la noche, el senado estudiantil de la Universidad de Mississippi (ASB) aprobó una resolución que propone retirar la bandera. La resolución fue presentada por uno de sus senadores, un estudiante blanco llamado Allen Coon, presidente de la agrupación Universitarios Demócratas de la Universidad de Missisippi y fue aprobada en una votación de 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Le pregunté a Allen Coon por qué abrazó la causa de enfrentarse a la bandera del estado de Mississippi. Me respondió:

“Después de los trágicos hechos que tuvieron lugar en Charleston, surgió este movimiento nacional que tiene por objetivo abordar el tema de la iconografía de la Confederación. Nuestra universidad está llena de símbolos de la Confederación y de la supremacía blanca. Creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura para ocuparnos de esos símbolos. Por lo que a fines de septiembre me puse en contacto con nuestros aliados de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color de la universidad y decidimos formar una coalición e instar al senado estudiantil a adoptar una postura al respecto”.

La resolución contó con el apoyo de la filial de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de la universidad, cuya presidenta, Dominique Scott, me dijo: “Esto muestra que los estudiantes se están uniendo de verdad, que queremos que se retire la bandera y que queremos institucionalizar la inclusión aquí en la universidad”. La Universidad de Mississippi ocupó un lugar central en el movimiento por los derechos civiles. En 1962, James Meredith se convirtió en el primer afroestadounidense que se inscribió en esta universidad como estudiante, ocho largos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara formalmente sin efecto todas las leyes de segregación en instituciones educativas. A pesar de que el presidente John F. Kennedy desplegó militares para mantener el orden, estudiantes blancos partidarios de la segregación generaron disturbios cuando Meredith ingresó al predio de la universidad.

Incluso el nombre de la universidad está impregnado de racismo. La Universidad de Mississippi recibe comúnmente el nombre de “‘Ole Miss.” Dominique Scott explicó la historia del sobrenombre:

“Históricamente, el término ‘Ole Miss’ era utilizado por los esclavos para referirse a las señoras o matriarcas de sus plantaciones. Cuando la institución estaba decidiendo cuál sería el sobrenombre de la universidad, alguien citó a una mujer que había dicho que ‘Ole Miss’ era la forma en que los negros de antes se referirían a la señora de las plantaciones. Cuando se aprobó por votación el uso de ‘Ole Miss’, el favorito era en realidad ‘Ole Massa’. El término está definitivamente impregnado de una historia de supremacía blanca y de opresión racial”.

El racismo se encuentra aún muy presente en la universidad. Según recordó Dominique Scott, “en 2013, tres personas colocaron alrededor del cuello de la estatua de James Meredith una horca hecha con la antigua bandera del estado de Georgia. Profirieron insultos racistas y gritaron ‘poder blanco’ a fin de intimidar a los estudiantes negros de la universidad y una vez más perpetuar esa cultura de supremacía blanca y opresión racial”. Durante la marcha realizada en la universidad en apoyo a la resolución de los estudiantes de retirar la bandera, un grupo de partidarios de la supremacía blanca llevó a cabo una contramarcha en la que portaron la bandera de la Confederación y gritaron consignas racistas.

Las autoridades de la universidad afirman estar orgullosas de la postura que están adoptando los estudiantes. Sin embargo, como institución estatal, la universidad afirma estar obligada a izar la bandera oficial del estado, aunque alienta al gobierno estatal a cambiarla. Dominique Scott considera que la postura oficial de la universidad es “cobarde”. Al menos otras tres universidades de Mississippi han retirado la bandera, además de las ciudades de Greenwood y Oxford. Está previsto que Jackson, la capital del estado, siga los mismos pasos. Allen Coon apoya su opinión: “Se trata de una resolución no vinculante. Por lo tanto, cuando pase a las principales autoridades de la universidad, estas tienen la oportunidad de escuchar lo que expresamos o no. Pero hemos recibido indicios de que podrían no necesariamente retirar la bandera cuando presentemos esta resolución. Así que tendremos que hacer aún algo más. Y resulta decepcionante ver que nuestra voz no alcanza, que las acciones que llevamos a cabo no son suficientes para retirar ese símbolo de opresión de nuestra universidad”.

La educación es un proceso de ida y vuelta. El rector de la Universidad de Mississippi debería aprender de sus estudiantes y retirar la bandera ya.

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© 2015 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

HOWARD ZINN

El dilema que debemos resolver: ¿El Imperio o la humanidad?

Howard Zinn

TomDispatch

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

¿Es el final de un Imperio? 
Introducción de Tom Engelhardt

En 2005 me encontré con Howard Zinn para hacerle una entrevista que fue publicada por TomDispatch. Esta es la descripción que de él hice en ese momento:

“Es alto y delgado; tiene una mata de pelo blanco. Tripulante de aviones bombarderos durante la gran guerra contra el fascismo y desde entonces veterano activista estadounidense contra las guerras de Estados Unidos, su libro más conocido es A People's History of the United States (La otra Historia de Estados Unidos); es un experto en las inesperadas voces de la resistencia que se han hecho oír en toda nuestra historia. A sus 83 años (a pesar de que parece 10 años más joven), es también un veterano de este accidentado siglo; aun así no hay nada de atrasado en echar una mirada a su persona. Su voz es tranquila; claramente se toma a sí mismo con una pizca de sal y en ocasiones se ríe burlonamente de sus propios comentarios. De tanto en tanto, cuando un pensamiento le gusta y su cara se ilumina con una sonrisa auténtica, parece decididamente joven.”

Así es como lo vi entonces y así es como lo veo a casi cinco años de su muerte; me dan ganas de exclamar “¡Qué tipo este!”. ¿Puede alguien dudar que él nos (incluyo aquí a muchos estudiantes de secundaria y universitarios) haya cambiado la forma de pensar acerca de nuestro mundo estadounidense? Por eso, en este extraño momento de la historia, cuando casi cada acción imperial que realiza Estados Unidos sale mal (véase Afganistán, Siria, Iraq y Yemen) y aun así continúa siendo la única superpotencia, parece pertinente ofrecer este “lo mejor de” TomDispatch, una mirada retrospectiva de cómo llegó Zinn a darse cuenta de que el nuestro era un Imperio. Para llegar al umbral del imperio (donde, por supuesto siempre estuvo), él hizo un viaje –una odisea– muy suyo.

* * *

Lo que el aula no me enseñó sobre el Imperio estadounidense

Con un ejército de ocupación guerreando en Iraq y Afganistán, con bases militares y empresas intimidando en cada rincón del planeta, ya casi nadie cuestiona la existencia de un Imperio estadounidense. Por cierto, quienes lo negaban fervientemente se han pasado al abrazo más jactancioso y desvergonzado de la idea.

Sin embargo, la idea misma de que Estados Unidos era un Imperio no se me ocurrió hasta que terminé mi trabajo como bombardero en la Octava Fuerza Aérea británica durante la Segunda Guerra Mundial y regresé a casa. Incluso mientras empezaba a tener dudas sobre la pureza de la “Buena Guerra”, incluso después de haberme horrorizado por Hiroshima y Nagasaki, incluso después de haber bombardeado yo mismo ciudades europeas, todavía no había relacionado todo aquello en el contexto de un “Imperio” estadounidense.

Yo tenía conciencia, como todo el mundo, del Imperio británico y de las otras potencias imperiales europeas, pero Estados Unidos no era visto de la misma manera. Cuando, después de la guerra, me acogí a la Ley de Derechos del Veterano y fui a la universidad donde cursé Historia de Estados Unidos, me acostumbré a encontrar un capítulo en los textos de historia que se llamaba “La era del Imperialismo”. Se refería invariablemente a la guerra de 1898 librada entre España y Estados Unidos y la subsiguiente conquista de las islas Filipinas. Daba la impresión de que el Imperialismo estadounidense había durado unos pocos años. No había un punto de vista global sobre la expansión de Estados Unidos que pudiera llevar a la idea de un imperio de ámbito mundial ni de un periodo “imperial”.

Recuerdo el mapa en el aula (titulado “Expansión hacia el oeste”) que mostraba la marcha a través del continente como si fuese un fenómeno natural, casi biológico. Aquella enorme adquisición de tierra llamada “La compra de Louisiana”, que insinuaba la adquisición de un territorio que era cualquier cosa menos desocupado. Era una insensatez: ese territorio, por entonces ocupado por cientos de tribus indias que debían ser aniquiladas o expulsadas –lo que ahora llamamos “limpieza étnica”– para que los blancos pudieran colonizar la tierra y más tarde los ferrocarriles pudiesen cruzarla en uno y otro sentido presagiando así la “civilización” y sus brutales procedimientos.

Ni las discusiones sobre la “democracia jacksoniana” en las clases de historia ni el libro tan popular de Arthur Schlesinger hijo, The Age of Jackson, me dijeron algo sobre el “Sendero de las lágrimas”, la letal marcha forzada de “las cinco tribus civilizadas” en dirección al oeste desde Georgia y Alabama atravesando Mississippi, que dejó 4.000 muertos tras ella. Ningún texto sobre la Guerra Civil mencionaba la masacre de Sand Creek, en la que se asesinó a centenares de pobladores indígenas, justo cuando la administración Lincoln proclamaba la “emancipación” de los negros.

El mapa del aula también mostraba una porción del territorio del sur que estaba rotulada como “Cesión mexicana”. Se trataba de un práctico eufemismo para referirse a la agresión bélica contra México en 1846, en la que Estados Unidos se apoderó de la mitad del territorio de ese país: California y el gran Suroeste. La expresión “Destino manifiesto”, utilizada por aquellos tiempos, naturalmente pronto se convirtió en algo de ámbito universal. En 1898, en vísperas de la guerra España-Estados Unidos, Washington Post vislumbraba más allá de Cuba; “Nos enfrentamos a un extraño destino. El sabor del Imperio está en la boca del pueblo como lo está el sabor de la sangre en la jungla”.

La violenta marcha a través del continente, e incluso la invasión de Cuba, parecían estar en el interior de la esfera de los intereses naturales de Estados Unidos. Después de todo, ¿acaso la Doctrina Monroe no había declarado en 1823 que el hemisferio occidental estaba bajo nuestra protección? Sin embargo, con apenas alguna pausa después de Cuba, fue la invasión de las Filipinas, casi en el otro lado del mundo. En ese momento, la palabra “imperialismo” parecía la más adecuada para las acciones de Estados Unidos. Ciertamente, esa larga y cruel guerra –tratada veloz y superficialmente en los libros de historia– propició la Liga Anti-Imperialista, en la que tanto William James como Mark Twain fueron figuras prominentes. Pero tampoco fue esto algo que yo aprendiera en la universidad.

La “Única Superpotencia” sale a la luz

No obstante, leyendo fuera del aula empecé a encajar las piezas de la historia en un mosaico más amplio. Lo que en la década que precedió a la Primera Guerra Mundial al principio pareció algo así como una política exterior completamente pasiva ahora ese momento aparecía como una sucesión de intervenciones violentas: el expolio de la Zona del Canal de Panamá a Colombia, el bombardeo de la costa de México, el despacho de la infantería de marina a casi todos los países de Centroamérica, el envío de ejércitos de ocupación a Haití y la República Dominicana. Como el muy condecorado general Smedley Butler, que participó en muchas de esas intervenciones, escribió más tarde: “Fui un mandadero de Wall Street”.

En el mismo momento en que yo estaba aprendiendo esta historia –los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial– Estados Unidos se estaba convirtiendo no ya solo en otra potencia imperial más sino en la principal superpotencia del mundo. Resuelta a retener y ampliar su monopolio del arma nuclear, se estaba adueñando de remotas islas en el Pacífico, obligando a sus habitantes a que las abandonaran y haciendo de esas islas un letal patio de juegos para nuevos ensayos atómicos.

En sus memorias, No Place to Hide, el doctor David Bradley, que controló los niveles de radiación en esas pruebas, hizo una descripción de lo que habían dejado atrás los equipos de encargados de los ensayos cuando regresaron a casa: “Radiactividad, contaminación, una isla de Bikini destruida y la mirada triste de los pacientes exiliados”. Después de unos años, a los ensayos en el Pacífico les siguieron más pruebas en los desiertos de Utah y Nevada; en total, más de un millar de ensayos.

Cuando en 1950 empezó la guerra de Corea, yo todavía estaba estudiando historia como graduado en la Universidad de Columbia. Nada de lo que ocurría en clase me preparaba para entender la política estadounidense en Asia. Pero leía el semanario I.F. Stone’s Weekly. Stone era uno de los pocos periodistas que cuestionaba la justificación oficial del envío de un ejército a Corea. Entonces, a mí me parecía claro que no era la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte lo que provocaba la intervención de Estados Unidos, sino el deseo que este país tenía de establecer un solido punto de apoyo en el continente asiático, sobre todo desde que los comunistas se habían hecho con el poder en China.

Años más tarde, mientras la intervención encubierta en Vietnam crecía hasta convertirse en una enorme y brutal operación bélica, los designios imperiales de Estados Unidos se hicieron más claros para mí. En 1967, escribí un librito llamado Vietnam: The Logic of Whithdrawal. Para entonces, yo ya estaba muy involucrado en el movimiento contra la guerra.

Cuando leí las 100 páginas de los Papeles del Pentágono*, que Daniel Ellsberg me había encomendado, me sobresalté al conocer los memorandos secretos del Consejo Nacional de Seguridad. En su explicación de los intereses estadounidenses en el Sureste Asiático, los papeles hablaban con claridad meridiana sobre los objetivos de Estados Unidos: “estaño, caucho, petróleo”.

Ciertamente, ni la deserción de soldados en la guerra con México, ni los motines contra la conscripción obligatoria durante la Guerra de Secesión, ni los grupos antiimperialistas en el cambio de siglo, ni la vigorosa oposición a la Primera Guerra Mundial; ningún movimiento contra la guerra en la historia de Estados Unidos alcanzó la magnitud del de la guerra de Vietnam. Al menos una parte de esa oposición se basaba en la comprensión de que estaba en juego algo más que Vietnam, de que la atroz guerra librada en un pequeño país formaba parte de un plan imperial mucho mayor.

Varias intervenciones militares que siguieron a la derrota en Vietnam parecieron reflejar la desesperada necesidad de la superpotencia aún reinante de establecer una dominación de ámbito planetario; incluso después de la caída de su poderoso rival, la Unión Soviética. De ahí la invasión de la isla de Granada en 1982, el bombardeo y asalto de Panamá en 1989, la primera guerra del Golfo en 1991. ¿Fue acaso la toma de Kuwait por parte de Saddam Hussein lo que motivó al abatido George Bush padre o antes bien utilizó él este el acontecimiento como una oportunidad para llevar con firmeza el poder militar estadounidense hacia la codiciada región petrolera de Oriente Medio? Dada la historia de Estados Unidos y su obsesión por el crudo de Oriente Medio mostrada ya en 1945 por Franklin Roosevelt con su tratado con el rey de Arabia Saudí, Abdul Aziz, y en 1953 con el derrocamiento del gobierno democrático de Mossadeq en Irán por parte la CIA, no resulta muy difícil responder a esta pregunta.

Justificación del Imperio

Los despiadados atentados del 11 de septiembre (como lo admitió la Comisión oficial del 11-S) fueron la consecuencia del feroz odio originado por la expansión estadounidense en Oriente Medio y el resto del mundo. Según el libro The Sorrows of Empire, de Chalmers Johnson, incluso antes del acontecimiento el departamento de Defensa reconoció la existencia de 700 bases militares de Estados Unidos fuera de su territorio.

Desde entonces, con el inicio de la “guerra contra el terrorismo”, se instalaron o ampliaron muchas más bases: en Kyrgyzstán, Afganistán, el desierto de Qatar, el golfo de Omán, el Cuerno de África y en cualquier otro sitio del mundo donde un gobierno complaciente pudiese ser sobornado o coaccionado.

Cuando yo bombardeaba en Alemania, Hungría, Checoslovaquia y Francia durante la Segunda Guerra Mundial, la justificación moral era tan sencilla y clara que estaba más allá de toda discusión: estábamos salvando al mundo del mal del fascismo. Por lo tanto, me quedé estupefacto cuando oí a un artillero de otra tripulación –él y yo teníamos en común que leíamos libros– que decía que él consideraba que aquello era “una guerra imperialista”. Ambos lados, decía, estaban motivados por la ambición de controlar y conquistar. Discutimos bastante pero no llegamos a resolver la cuestión. Irónica y desgraciadamente, poco tiempo después de nuestra discusión el avión de mi camarada fue derribado y él murió en la misión.

En las guerras, siempre hay una diferencia entre la motivación de los soldados y la de los líderes políticos que los envían al combate. Mi motivación, como la de muchos otros, era ingenua respecto de la ambición imperial. Yo estaba ayudando a derrotar al fascismo y a crear un mundo más decente, libre de agresiones, militarismo y racismo.

La motivación del establishment de Estados Unidos, según lo entendía el artillero del que hablo, era de naturaleza diferente. Fue descrita a principios de 1941 por Henry Luce, un multimillonario que era propietario de las revistas Time, Life y Fortune, como la llegada del “Siglo de Estados Unidos”. El tiempo había llegado, decía, para que Estados Unidos “ejerza en el mundo la totalidad del impacto de nuestra influencia, para los propósitos que consideremos adecuados y por los medios que consideremos adecuados”.

Es imposible pedir una declaración de designio imperial más sincera y rotunda. En los últimos años, de ella se han hecho eco los intelectuales al servicio de la administración Bush, pero asegurándonos que esta “influencia” es benevolente, que los “propósitos” –ya sea en la formulación de Luce o en las más recientes– son nobles, que se trata de un “imperialismo iluminado”. Tal como dijo George Bush en su segundo discurso de toma de posesión: “El llamamiento de nuestro tiempo es la extensión de la libertad en todo el mundo”. The New York Times escribió que ese discurso era “sorprendente por su idealismo”.

El Imperio estadounidense siempre ha sido un proyecto bipartidista: demócratas y republicanos se han turnado ampliándolo, ensalzándolo, justificándolo. En 1914 –al año en que EE.UU. bombardeó México–, el presidente Woodrow Wilson les dijo a los graduados de la academia naval que Estados Unidos utilizaba “su armada y su ejército... como instrumentos de civilización, no de agresión”. Y en 2002, Bill Clinton les dijo a los graduados de West Point: “Los valores que habéis aprendido aquí podrán extenderse por todo el país y por todo el mundo”.

Para el pueblo de Estados Unidos, y por cierto para los pueblos de todo el mundo, más pronto que tarde estas proclamas revelan su falsedad. La retórica, a menudo convincente en un primer momento, se convierte pronto en algo abrumador por los horrores que ya no pueden seguir escondiéndose: los cadáveres ensangrentados de Iraq, los miembros desgarrados de los soldados estadounidenses, los millones de familias expulsadas de sus hogar, tanto en Oriente Medio como en el Delta del Mississippi.

¿No han empezado a perder asidero en nuestra mente esas justificaciones imperiales incrustadas en nuestra cultura, que agreden nuestro sentido común –que la guerra es necesaria para la seguridad, que su expansión es fundamental para la civilización–? ¿Habremos llegado acaso a ese punto en la historia en el que estemos preparados a abrazar una nueva manera de vivir en el mundo, en la que la cuestión no sea ampliar nuestro poder militar sino nuestra humanidad?

Nota: *. “Los Pentagon Papers (los Papeles del Pentágono), titulados oficialmente United States - Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense (Relaciones Estados Unidos - Vietnam, 1945-1967: Un estudio elaborado por el Departamento de Defensa), es el nombre popular de un documento secreto que contiene la historia de la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967. Los Pentagon Papers empezaron a publicarse en la primera página de The New York Times en 1971” (extraído de Wikipedia por el traductor).

Howard Zinn (1922–2010) fue historiador, autor de obras de teatro y activista. Escribió A People’s History of the United States (en castellano, La otra historia de los Estados Unidos. Editorial Hiru. Hondarribia, Guipúzcoa, 2005) y A People's History of American Empire (presentado en formato cómic), junto con Mike Konopacki y Paul Buhle. Enseñó en el Instituto Spelman, un instituto universitario para mujeres negras de Atlanta, donde se convirtió en un activo integrante del movimiento por los derechos civiles. Después de ser expulsado del Spelman por su apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes, Zinn fue profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Boston. Ha escrito muchos libros, entre ellos una autobiografía: You Can’t Be Neutral on a Moving Train (en castellano, Nadie es neutral en un tren en marcha. Editorial Hiru, Hondarribia, Guipuzcoa, 2001). Recibió el premio de literatura de no ficción de la Fundación Lannan y el premio Eugene V. Debs por sus escritos y su activismo político.

Fuente:http://www.tomdispatch.com/post/176052/best_of_tomdispatch%3A_howard_zinn%2C_the_end_of_empire/#morehttp://www.tomdispatch.com/post/176052/best_of_tomdispatch%3A_howard_zinn%2C_the_end_of_empire/#more

El niño muerto en la playa

por Marcos Zimmermann

Tenía miedo de la luna cuando estaba llena, de la oscuridad de la noche cuando caminaba entre los nogales y del silencio que se hacía en los olivares cuando no soplaba el viento del desierto. Tenía miedo de mi hermana, que me decía que si no dejaba de tener miedo sería como las mujeres. Que mi padre se avergonzaría de mí. Y que dejara de temer, porque eso no era de un verdadero musulmán. Los musulmanes sólo temen a Alá, no a las cosas de los hombres me decía. No los ahoga el miedo, sólo el temor a Alá, que es quien decide nuestro destino.

Me di cuenta de que Alá me llamaba a hacerme hombre cuando sentí entrar el agua en mis pulmones. Y se me taparon los oídos, y los zapatitos me quedaron grandes de golpe, y casi me trago mi misma lengua. Cuando una luz que explotó en mi cabeza se volvió un fogonazo por dentro que nunca había visto y me llenó de miedo. Y pensé, ¿cómo es posible que este ahogo me dé miedo una vez más, si mi papá me dice que soy el hombre de la casa y el más fiel a Alá de sus hijos? Y entonces vi que ese ahogo era como los que me pasan de noche, y me hacen saltar a la cama de mi papá, y él me aprieta contra su pecho, y me hace toser golpeándome la espalda, y me saca el miedo. Así que abrí los pulmones y aspiré hondo el agua que, ahora, a cada bocanada, me parece más suave, más dulce. Y que me va a hacer no tener nunca más miedo. Porque cuando toda esta agua que se me mete en la garganta y me da tos se vaya, voy a ser un hombre.

Casi puedo verme con mi pantaloncito corto y mis zapatitos de cuero, tirado de panza en la playa. Durmiendo al sol. Fotografiado en todos los diarios. Rodeado de mujeres que hablarán de mí y me admirarán diciendo: “¡Miren, ahí está el muchachito que se hizo hombre porque no tuvo miedo!”. Y sabré que soy famoso. Como los artistas, como los políticos. Un hombre del que todos dirán: “el muchachito muerto es un gran hombre porque cargó encima de su espaldita la gran responsabilidad de ser un símbolo”. Y a mí me encantará ser admirado por estar muerto y ser un símbolo. Aunque no sepa que significa “muerto”, ni “símbolo”. Porque seré más querido que los hombres más queridos de mi pueblo. Que cultivan aceitunas y nueces de día, y de noche los abrazan sus mujeres para darles hijos. Como el hijo que, un día, me va a dar una mujer que me va a querer aún más que cualquiera de éstas. Que me quieren sólo porque soy famoso.

Uno no debe pensar estas cosas me dice siempre mi padre, mientras lo acompaño a hacer canales de riego alrededor de los olivos, o a sacudir los nogales con un palo largo para que caigan las nueces. No es de hombre hablar de uno. No es de buen musulmán hablar como si uno fuera importante. Somos todos hijos de Alá me explica. No somos nada, repite mirando la montaña y el desierto. Salvo cuando El Profeta quiere. Y nos elige.

Como ahora me eligió a mí para hacerme hombre. Por eso seguiré respirando más agua. ¡Las cosas que hay que hacer para ser hombre! Porque duele en la garganta y cuesta respirarla. Aunque todos sabemos que el agua de mi tierra es buena. Transparente en las montañas más altas y marroncita más abajo, en los valles de La Costa. Donde riega los olivares para que salgan muchas aceitunas y los nogales para que les salga esa flor blanca y chiquita que mi papá le regala a mi mamá cada primavera. Cuando florecen a orillas del Abaucán. Este río que mi papá dice que se llama río Guanchín, porque el abuelo Yamil le dijo que desde el cerro Cenizo se llama así. Pero mi mamá dice que su papá, el abuelo Haffez, le dijo que no se llama Guanchín. Que, desde La Ramadita, se llama río Abaucán, nomás. Pero que da lo mismo porque, igual, casi nadie lo conoce. Ni tampoco a nosotros que, como dice mi papá, vivimos en el olvido.

¡Qué sé yo! Lo único que sé es que me caí a ese río persiguiendo a una mulita. Arrastrado por una crecida repentina, de las que hay en verano. Tratando de imitar a mi papá cuando caza mulitas en este valle de Catamarca donde vivimos, donde llegaron mis abuelos Jamil y Haffez, hace años, desde el Líbano y desde Siria y donde los ríos tienen varios nombres porque son muy viejos. Pero a mi eso no me importa. Lo que me importa es que mañana, cuando todos me vean tirado panza abajo al sol en la playita de arcilla donde hace la curva el río Abaucán, justo frente a mi rancho, voy a ser un hombre. Por más que ahora tenga que aguantar esta agua que me entra en el cuerpo y me hace toser y toser. Y todavía no sepa qué quiere decir “estar muerto”. Ni qué quiere decir “ser un símbolo”. Ni qué quiere decir “olvido”.