jueves, 29 de enero de 2015

Noam Chomsky habla sobre América Latina y los movimientos indígenas

E.UU. en el “Patio trasero”. Noam Chomsky y el mapa de la injerencia. Entrevista a Noam Chomsky. Filosofía y compromiso
“Deportamos a las víctimas de nuestros propios crímenes”

“Deportamos a las víctimas de nuestros propios crímenes”

Un revolucionario. Las teorías de este lingüista, filósofo y activista norteamericano que se define como anarquista son referentes desde hace medio siglo en varios campos, pero sobre todo en los del lenguaje y la crítica de la política exterior estadounidense. Sus críticas al sistema capitalista y al sistema de manipulación de masas son implacables. En 
esta entrevista se enfoca en la política estadounidense y América latina, 
el legado de violencia de las guerras civiles en Centroamérica, el juicio por genocidio en Guatemala y los movimientos de resistencia popular que están cambiando el balance de poder en toda la región.
Las teorías de Noam Chomsky han revolucionado el campo de la lingüística, un marco científico que ha empleado para desarrollar sus teorías acerca de la propaganda y la manipulación de las masas a través 
de los medios de comunicación. Su abierta oposición a la Guerra de Vietnam en 1967 marcó el comienzo de su larga trayectoria de activismo político y, durante la década de los ’80, se opuso con dureza a las intervenciones estadounidenses en Centroamérica a favor de las dictaduras militares.


En su oficina, Noam Chomsky, sobre una de las bibliotecas, tiene una foto de monseñor Romero, el obispo salvadoreño que fue asesinado por las fuerzas contrainsurgentes en 1980, con la siguiente cita: “Educar es crear un espíritu crítico y no sólo transmitir conocimientos”, y un mensaje de Crispaz, una organización religiosa salvadoreña, que le agradece al intelectual anarquista por su apoyo al movimiento salvadoreño a favor de las víctimas de la guerra civil en ese país.
–¿Usted cree que ha cambiado la política estadounidense hacia América latina desde que escribió La Intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y la lucha por la Paz, en 1985?
–Sí, pero se debe a la creciente independencia de América latina –principalmente Suramérica, porque Centroamérica tiene un menor grado de independencia debido a su debilidad y a su proximidad con Estados Unidos–, lo cual ha sido un fenómeno bastante notable. Durante la Cumbre de las Américas (de 2012), Estados Unidos y Canadá adoptaron posturas diferentes a las que manifestaron todos los demás países del hemisferio sobre una serie de temas contenciosos. Uno era Cuba y el otro era la despenalización de la droga. Eso no hubiera ocurrido hace unos años. Además, Estados Unidos no es capaz de intervenir directamente como lo hacía antes. En el pasado, Estados Unidos reprimió prácticamente cualquier intento de independizarse, generar justicia social y establecer gobiernos democráticos. En la actualidad, Estados Unidos tiene menos capacidad, menos necesidad de intervenir, y la región se ha vuelto más independiente.

–En Guatemala, Estados Unidos apoyó significativamente el juicio por genocidio del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt…
–Creo que decir “apoyó significativamente” sería una exageración…
–La embajada estadounidense en Guatemala expresó un interés en que el juicio avanzara…
–Querían una conclusión rápida que no implicara a Estados ni a sus aliados. Después de todo, Ríos Montt no actuó de manera aislada. Estaba recibiendo apoyo de la administración Reagan y cuando el Congreso impidió que Reagan siguiera participando directamente en la violencia genocida, Reagan mandó a llamar a su ejército terrorista internacional, Israel, para que entrenara a los militares guatemaltecos y les proporcionara armas, básicamente para que cumpliera el mismo papel que había tenido Estados Unidos.
–¿Cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del apoyo estadounidense al juicio de Ríos Montt? ¿El temor de tener un estado fallido en su patio trasero?
–Sin duda, había personas en la embajada estadounidense interesadas en apoyar el juicio pero en lo que respecta a la política exterior estadounidense, me parece que el juicio fue tolerado con tal de que no tocaran a Estados Unidos y a sus aliados; eso era sumamente importante. Estados Unidos no se opone a que estos crímenes sean juzgados en tribunales nacionales con tal de que no salga a colación la dimensión internacional del conflicto. Sucede en todas partes. Sucedió en el caso de Saddam Hussein, por ejemplo. Fue juzgado y sentenciado a muerte por crímenes de guerra cometidos en 1982 que de hecho fueron los menos graves que cometió. El año siguiente se produjeron crímenes mucho peores, como la masacre de Halabja y los ataques contra los kurdos, pero esos crímenes nunca se mencionaron porque fueron cometidos con el apoyo  de los Estados Unidos. Ese fue el año en que Irak fue eliminado de la lista de países considerados como terroristas para que Estados Unidos pudiera seguir proporcionándole ayuda.
–¿Debería Estados Unidos considerar la crisis de los niños migrantes no acompañados, en la frontera sur, como una consecuencia de sus políticas intervencionistas en la región y su resultado, exacerbar la violencia y la pobreza en los países del Istmo?
–La mayoría de los niños proviene de Honduras. Eso no es coincidencia. La situación de Honduras ya era bastante mala pero después del golpe (contra Manuel Zelaya, en 2009) se convirtió en una historia de horror. Los niños están llegando como resultado de una situación doméstica espantosa, que Estados Unidos contribuyó a crear. Aquí, en las cercanías de Boston, existe una comunidad maya considerablemente grande que incluye a muchas personas que huyeron. Estos jóvenes no saben que están huyendo del resultado de las atrocidades cometidas en los años ’80 con el fuerte respaldo de los Estados Unidos. Estamos deportando en la frontera a las víctimas de nuestros propios crímenes.
–Por una parte, Estados Unidos apoya a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por otra, un estudio publicado por el Wilson Center en 2013 señala que la mayoría de las armas de fuego utilizadas por grupos criminales en Centroamérica provienen de Estados Unidos. ¿No resulta contradictoria una cosa y la otra?
–No veo ninguna contradicción. Estados Unidos no tiene ningún problema con perseguir a criminales que compran sus armas de fuego en ventas legales en Arizona y Texas. Pasan por alto el papel que juega Estados Unidos en el tema.
–El FMLN se reeligió en El Salvador y Salvador Sánchez Cerén se ha convertido en el primer ex combatiente guerrillero en llegar al poder en El Salvador. Los sandinistas siguen gobernando en Nicaragua y Costa Rica recientemente eligió a Guillermo Solís, un presidente de centro-izquierda. Mientras tanto, Guatemala está siendo gobernada por un militar retirado de corte conservador y Honduras también tiene un gobierno de derecha. ¿Guatemala y Honduras permanecen como bastiones del conservadurismo militar?
–Creo que es más complejo que eso. Mire el caso de Costa Rica. Es el único país de Centroamérica donde Estados Unidos no ha intervenido de manera directa, y es el único país de la región que funciona. Por otra parte, los países más pobres de la región son aquellos donde Estados Unidos ha intervenido, como Haití, Guatemala y Nicaragua. ¿Eso no le sugiere algo?
–¿Podemos hablar de democracia en Centroamérica cuando existen disparidades socioeconómicas tan grandes en la región?
–¿Podemos hablar de democracia en los Estados Unidos cuando tenemos tanta desigualdad? La pregunta que hay que plantearse es: “¿Hasta qué punto el nivel socioeconómico de las personas incide en la formulación de políticas públicas? Un 70% de la población no tiene incidencia alguna en la formulación de políticas públicas porque sus representantes electos no les ponen atención. Uno adquiere más influencia en la medida en que avanza en la escala social. Mientras más desigualdad existe, menos democrático se vuelve el sistema. Estados Unidos es básicamente una plutocracia con una especie de democracia formal. Y esto se vuelve todavía peor en países más débiles.
–Usted mencionó que durante la Cumbre de Cartagena se evidenció una ruptura entre Estados Unidos y Canadá y el resto sobre la despenalización de las drogas. ¿Cree que la despenalización reduciría los niveles de violencia en Centroamérica?
–Sin duda. Esto no quiere decir que sea necesario legalizar la droga, únicamente despenalizarla. Lo que la mayoría de los países de las Américas –incluyendo Guatemala– favorecen es una reducción de la criminalización. La llamada guerra contra la droga no tiene prácticamente nada que ver con las drogas. Cuando las mismas políticas se implementan durante décadas sin que tengan un impacto sobre el objetivo planteado, hay que preguntarse: “¿Es el objetivo que se plantea públicamente, el verdadero objetivo?”. Probablemente no. El problema de la droga se encuentra en Estados Unidos. De aquí proviene casi toda la demanda. La guerra contra la droga es bastante racista. Está diseñada para criminalizar a un alto porcentaje de la población afroamericana, en su mayoría masculina, y en cierta medida a los hispanos. Esto es racismo puro y se remonta a los últimos 500 años de historia americana. Y en América latina, la víctima es la población en general.
–Hablando del impacto de la guerra contra la droga. ¿Por qué Estados Unidos ha mostrado indiferencia ante la crisis que atraviesa México a raíz de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a manos de un cartel de droga vinculado a actores estatales?
–Es una historia verdaderamente horrible. No fue únicamente la masacre de los 43 estudiantes, sino las revelaciones que salieron a luz relacionadas con la existencia de fosas clandestinas y la brutalidad de la policía federal, cuyos vínculos con los carteles de droga han sido ampliamente documentados. Pero México es un aliado. Es un gobierno neoliberal apoyado por Estados Unidos y Estados Unidos no quiere decir nada que lo implique en sus crímenes.
–La sociedad civil mexicana ha reaccionado con indignación ante la masacre de Ayotzinapa y usted afirmaba que los países de América latina están desafiando la hegemonía estadounidense. ¿En qué medida esa resistencia ha sido liderada por los movimientos indígenas? ¿Es posible que esos movimientos puedan convertirse en una fuerza de cambio?
–Lo que ha ocurrido en América latina durante los últimos 15 años tiene un gran significado histórico e indica claramente que los movimientos populares pueden hacer una diferencia. Por primera vez en 500 años, desde el momento en que llegaron los Conquistadores, América latina ha comenzado a liberarse del control imperialista. Los movimientos campesinos son actores significativos y los países con grandes poblaciones indígenas, como Bolivia y Ecuador, han hecho cosas bastante interesantes y están asumiendo el liderazgo a nivel global con relación al problema más apremiante que existe al día de hoy: la crisis ambiental.

–Los movimientos indígenas se han opuesto fuertemente a los tratados de libre comercio y este año, en Guatemala. ¿Qué resultado han tenido los tratados de libre comercio en América latina?
–Estos no son tratados de libre comercio, son una mezcla de liberalismo y proteccionismo. Son acuerdos para proteger los derechos del inversionista a costa de la población. El hecho de que cuando (Bill) Clinton comenzó a introducir con fuerza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) también comenzara a militarizar la frontera no es coincidencia. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que los campesinos mexicanos no iban a poder competir con agroindustrias subsidiadas por Estados Unidos, y que las empresas mexicanas no iban a poder competir con las multinacionales estadounidenses y era muy probable que esto ocasionara un fuerte éxodo.

El pasado resiste
En el caso de Honduras, un hecho significativo sucedió en 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado que lo expulsó del país, con la participación de la Suprema Corte de Justicia, tomando su lugar Roberto Micheletti, uno de los instigadores del golpe. Por la restitución de Zelaya al gobierno, y que las acusaciones que se esgrimían como argumento tuvieran andadura verdaderamente legal, se pronunciaron la mayoría de los Estados latinoamericanos, como también lo hicieron las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel d’Escoto, declaró en ese momento que Estados Unidos estaba detrás del golpe, sospecha compartida en todo el hemisferio sur.
Como antecedente cabe recordar que, durante los años ’80, las dictaduras apoyadas por la Casa Blanca en Latinoamérica proveyeron militares y policías expertos en represión ilegal y torturas que entrenaron personal en Honduras y participaron activamente en la represión. En Miradas al Sur del 11 de enero de este año se pudo leer la entrevista “Durmiendo con un genocida”, donde se detallan las andanzas de Roberto Gordillo, militar integrado a Batallón 601 de Inteligencia, de Argentina, y sus viajes, con otras identidades, para entrenar interrogadores en Honduras.
En el caso de Guatemala nada es distinto. El denominado “Grupo de Tareas Exterior” del 601 de Inteligencia fue enviado, en los años ’80, y a pedido de la administración de Ronald Reagan, como señala Noam Chomsky, para colaborar con el ejercicio represivo del régimen de Guatemala, tanto como para asesorar a Honduras y El Salvador. La aguda diferencia de ingresos entre el sector social que controla el poder en Guatemala y Honduras, ha producido un demencial éxodo hacia Estados Unidos, cruzando de sur a norte el territorio de México, con resultados de muertes y, en el más leve de los casos, expulsiones de quienes lograron entrar. En los primeros días de 2015, y según cifras que pueden no ser completas, Estados Unidos expulsó 281 guatemaltecos, entre menores y adultos. Las cifras correspondientes al período octubre de 2013/septiembre 2014, señalan que fueron 68.541 los menores expulsados. Del millón y medio de originarios de Guatemala que viven en el extranjero, 1,3 millones vive en Estados Unidos, en la mayor parte sin documentación que legalice su residencia.

martes, 13 de enero de 2015

Inseguridad y muerte en la comunidad Qom - Argentina








por Susana SalinaInseguridad y muerte en la comunidad Qom
Potae Napocna Navogoh, La Primavera, es una comunidad originaria que se encuentra en la provincia de Formosa, a la altura de la ruta nacional 86, kilómetro 1.341. El 2 de enero, Rolando Esteban Medina, un joven qom, apareció tendido en el suelo, al costado de la ruta, y fue trasladado de urgencia al hospital central de la capital formoseña. Al día siguiente falleció. Tenía 18 años.
Los integrantes de la comunidad y su qarashe (referente), Félix Díaz, viven de sobresalto en sobresalto. El 28 de diciembre, por la madrugada, Rolando, el menor de los hijos de Amanda y Félix, llegó a la casa agitado por haber corrido y zafado del ataque de unos criollos. No bien comenzó el nuevo año, el 2 de enero, un mensaje por celular comunicaba, al líder indígena, lo sucedido con el joven Medina.
El paisaje que describe a la comunidad en general, y el de la casa de los Díaz en particular, es desolador. No solo por los hechos de constante inseguridad que padecen los originarios, sino además porque el calor agobiante, la escasez de agua, la invasión de mosquitos, sumado a la tristeza que los envuelve, dejan un sabor amargo a cualquiera.
La familia del qarashe tampoco tiene respiro: desde el acampe en Buenos Aires, el hostigamiento que reciben es permanente. Sus hijos, Rolando y Jorgelina, no quieren salir de “la mansión”, como denomina irónicamente Félix a su casa, porque tienen temor. Prefieren estar en su interior. Se trata de una vivienda donde la pobreza se ve por fuera, pero se siente por dentro.
“Tengo mucho dolor e impotencia ante tanta injusticia. Han incendiado nuestras casas, y continúan haciéndolo. Perdemos lo poco que podemos conseguir por regalos de amigos. Los documentos, muebles, ropas, todo se lleva el fuego; nos quedan sólo las cenizas. Reconstruir los ranchos se nos hace muy difícil, por la carencia de los materiales: maderas, chapas, clavos y alambres necesarios para hacer las casas precarias. Cuando hacemos las denuncias, porque sabemos muy bien que se tratan de actos llevados a cabo por gente que no pertenece a la comunidad, las autoridades policiales que son las encargadas de investigar estos hechos, los bomberos voluntarios de Laguna Blanca y la policía científica, dejan asentado en sus informes que lo que ocasionó el fuego fue un cortocircuito, cuando los hermanos que sufrieron la desgracia de perder sus viviendas no tenían conexión a la luz eléctrica”, dice Díaz.
Y agrega: “Cuando aparece un hermano muerto en la ruta, no sólo no se investiga la causa, sino que en el certificado de defunción figura, en todos los casos, como muerte natural: paro cardíaco por enfermedad o suicidio, pero nunca homicidio”.

Es el caso de Norma Artaza que tenía 48 años y varios hijos. Era una integrante de la comunidad que el 13 de diciembre apareció muerta a la vera de la ruta 86, cerca de Laguna Blanca. Su cuerpo fue llevado al hospital del Clorinda para la autopsia, donde fui testigo, pero como yo no entiendo nada del tema de los órganos, no pude contradecir lo que los profesionales exponían. Decían que Norma había muerto por inmersión, pero en el lugar donde fue encontrada no había agua. “Los qom sabemos cómo se manejan las autoridades cuando suceden estos hechos, apenas me enteré concurrí al lugar junto a otros integrantes de la comunidad, y empecé a sacarle fotos al cuerpo. Vimos que tenía marcas, golpes, como si se hubiera resistido. Cuando llegó el oficial Cabaña, que estaba a cargo del operativo, me sacó a los empujones, para que no sacara las fotos. Según la versión de Omar Mendoza, dueño del negocio cerca de donde apareció Norma, ese día ella había estado con dos criollos en la casa de la viuda de Esteban Celía, una de las familias con las que tenemos el conflicto territorial. Pero según la señora y su hijo, no vieron nada, no escucharon nada; sin embargo la mujer apareció muerta enfrente de su casa. El lugar donde encontraron el cuerpo, no fue cuidado, ni protegido para la investigación”, explica Félix Díaz.

En diciembre de 2010, los miembros de la comunidad estuvieron acampando en Buenos Aires, en reclamo por la devolución de sus tierras y de justicia por Roberto López, un integrante qom asesinado el 23 de noviembre de 2010 durante la represión desatada por la fuerza policial de la provincia. En su momento, los originarios pedían al gobierno local que respetara la ley nacional 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, firmada por la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner. Ante el caso omiso del gobernador Gildo Insfrán, cortaron el acceso a la ruta nacional 86, por partes. Los acontecimientos desatados a partir de ese momento ameritaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012 los goiernos nacional y provincial y los miembros de La Primavera firmaron un protocolo de seguridad, donde se estableció que se debía registrar a toda persona ajena a la comunidad que quisiera ingresar a ella.
Los gendarmes aseguran que su función es cuidar a los qom. Los originarios de La Primavera, sin embargo, creen que es todo lo contrario, pues a los únicos que registran, inmediatamente que ingresan, son a sus amigos que los visitan.

“Además de las dolorosas muertes de los hermanos, tememos por nuestra seguridad, ya que gente extraña, que la gendarmería nunca ve, ingresa a nuestra propiedad para causarnos daño. En 2011 se creó el GET-Qom, grupo de estudio y trabajo junto a la comunidad qom. Se trata de un equipo interdisciplinario conformado por docentes, investigadores, estudiantes y egresados de las facultades de Agronomía, Filosofía, Letras y Ciencias Exactas (de la Universidad de Buenos Aires). Con su ayuda, esfuerzo y cariño se construyó el vivero comunitario. En esta huerta familiar, hay variedades de plantines. El 29 de noviembre y 6 de diciembre del pasado año, personas ajenas a la comunidad destruyeron ejemplares de algarrobo que estaban destinados a la reforestación. Permanentemente vemos merodear a extraños, encapuchados y portando armas. El 3 de enero, pasadas las diez de la noche, cerca del vivero, en el barrio La Matanza, se escucharon disparos. Los gendarmes que están dentro de nuestro predio y sobre la ruta, no vieron ni escucharon nada, y dicen que seguro fueron las pirotecnias o petardos que quedaron de las fiestas. No somos tontos, sabemos distinguir un arma de fuego de un petardo. Es difícil discutir con las autoridades cuando no se investigan a fondo los diferentes tipos de hechos violentos que padecemos. Creo que no entramos en la categoría de derechos humanos que entiende el Gobierno, pues estamos desamparados. No formamos parte de los más de 40 millones de argentinos, aunque los indígenas seamos pueblos preexistentes. Vamos desapareciendo poco a poco. Formosa será hermosa, tal vez. Para nosotros que vivimos en la extrema pobreza, en la marginalidad, sin lo mínimo e indispensable para la subsistencia, donde nuestros integrantes se mueren, silenciosamente, por desnutrición, tuberculosis, chagas o porque son asesinados. Formosa es dolorosa, sólo hace falta conocernos”, concluye el qarashe.

El documento
La periodista Susana Salina fue, cámara en mano, a mostrar la denuncia que Félix Díaz iba a realizar ante la Gendarmería en Formosa por la agresión a su hijo Rolando. La cámara de Salinas muestra el cartel: “Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh-La Primavera Provincia de Formosa”. Es el 28 de diciembre de 2014 y el lugar es la casa de Díaz. Allí se sientan Félix, en el mismo día de su cumpleaños, y dos gendarmes.
En determinado momento, apenas Díaz comienza su relato, una de las gendarmes pregunta “¿la señora quién es?”. La señora a la que se refiere es Susana Salina, que sigue filmando. “Es una señora que vino a visitarnos. Una periodista. Tuvimos una asamblea el día…”, argumenta Díaz. La gendarme no lo escucha: “Le voy a cortar un ratito. ¿Le puedo tomar los datos a la señora?, porque yo tengo que informar todo”.
Antes de esa reunión, cerca de las 3 de la mañana del mismo 28 de diciembre, Rolando, el menor de los hijos varones de Amanda y Félix Díaz, fue atacado camino a su casa cuando regresaba de visitar a unos amigos.
Sus agresores intentaron doblarle el cuello. Rolando logró zafar y corrió a su casa. Unos días después, el 2 de enero, el ataque volvió. Rolando quedó al lado de la ruta, golpeado. El 3 de enero murió. En el hospital dijeron que de “enfermedad”. Lo mismo dice el acta de defunción (ver fotos). Es cosa lamentablemente “normal” en la provincia: Félix, su familia y miembros de la comunidad son permanentemente agredidos: daños físicos, materiales y también la muerte.
La Gendarmería solo pide identificación a los amigos de la comunidad. Cuando los agreden, roban o matan, nunca ven nada. Ellos dicen que su función es cuidar a los qom. Los miembros de la comunidad creen todo lo contrario. El documento fílmico de Susana Salina lo muestra.

sábado, 10 de enero de 2015

Derechos de los indígenas de las Américas

 
 
La instalación formal, el próximo 21 de octubre, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, está precedida de diversas experiencias emanadas del histórico y emblemático tribunal promovido por Bertrand Russell, conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell (1966). Su presidente ejecutivo fue el filósofo Jean Paul Sartre. Entre sus miembros destacados pueden mencionarse: Simone de Beauvoir, Lelio Basso, el ex presidente Lázaro Cárdenas, entre otras y otros. Se justificó la creación de este organismo evocando: Si ciertos actos de violación de tratados son crímenes, se trata de crímenes, sin importar que los cometan Estados Unidos o Alemania. No estamos preparados para estipular una norma de conducta criminal contra otros que no estemos dispuestos a invocar contra nosotros. (Robert H. Jackson, fiscal jefe durante los juicios de Nuremberg). 
 
Esta lógica es la base para el actuar de todas y todos, más allá de fronteras nacionales y siempre en nombre del sentido profundo de los derechos humanos, que son por esencia universales. Ligados al fundacional de Russell, se realizaron otros tribunales y se crearon instancias diversas; una de ellas es precisamente el TPP (1979), que sustenta la Fundación Lelio Basso en Roma. Importa destacar el Tribunal Russell II sobre la situación de los países de Latinoamérica, que se llevó a cabo en tres sesiones; Roma (1974), Bruselas (1975) y Roma (1976), que se centró sobre todo en Brasil y Chile. En sus conclusiones relativas a la violación de los derechos del hombre y de los derechos de los pueblos se refirió: Que las comunidades indígenas de América Latina, primeras víctimas de la agresión colonial, continúan sometidas a un régimen discriminatorio en el interior de pueblos globalmente reprimidos, bajo la presión y en el interés de las empresas privadas, multinacionales y locales (parágrafo 7).
 
De ese contexto proviene el denominado cuarto Tribunal Russell sobre los Derechos de los Indígenas de las Américas, realizado en Rotterdam, Holanda, entre el 23 y el 30 de noviembre de 1980; del mismo dio detallada cuenta Guillermo Bonfil (†), quien fue parte del jurado (revista Nexos, número 40, abril de 1981), señalando que el tribunal, aunque respondía a una iniciativa india, no era un tribunal indio. Esto provocó reacciones diversas; anotó el rechazo del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas aun cuando organizaciones afiliadas al mismo participaron. El tribunal fue promovido y organizado por la Fundación Grupo de Trabajo Proyecto Indígena, con sede en Ámsterdam. (Estas diferencias deben ser cuidadosamente consideradas en el TPP México, que si bien no pretende ser tribunal indio, sí tiene entre sus principales afectados a estos pueblos.)

Bonfil presentó los 13 casos de varios países que abordó el tribunal, destacando la presidencia del mismo, adjudicada a Mario Juruna, cuya silla permaneció simbólicamente vacía, pues en Brasil, bajo la dictadura militar, los indios estaban protegidos por el Estado, y le fue negado el pasaporte con argumentos dignos de retrotraerse siglos atrás, cuando se planteaba que los indios no tenían alma.
Respecto a México, pese a que se presentaron cuatro casos, fueron rechazados por no estar suficientemente documentados y el jurado intentó subsanar esta ausencia, pero los acusadores y testigos no asistieron, al conocer que no los habían aceptado. Como último recurso, anotó Bonfil, se dio una visión informativa sobre nuestro país. Es interesante observar estos datos, de treinta y un años atrás, a la luz de lo que hoy vivimos, donde los pueblos indígenas, particularmente a partir de 1994, cobraron presencia y fortalecieron sus procesos de resistencia y/o autonomía. En aquellos años ya existían sin duda organizaciones indígenas, pero no tenían el contexto, los recursos o incluso la convicción sobre la importancia de acudir a espacios de denuncia, como la del tribunal.

Lo que resulta muy evidente es que la problemática de la penetración de los intereses trasnacionales ya estaba en curso como se constató en el informe final, al referir la situación del continente. “En todos los países se está instrumentando una nueva embestida en gran escala para expropiar estos recursos en nombre del interés nacional, ajeno y opuesto al interés de los grupos indígenas (sic), tal como éste se expresa en las formas tradicionales de trabajo y aprovechamiento del medio… La población indígena no cuenta sino como obstáculo: ningún espacio para su participación, ninguna respuesta a sus propuestas… Y frente a la oposición de los pueblos sólo se levanta el engaño, la corrupción, las trampas legales o la represión hasta el genocidio… El indio sigue siendo el enemigo” (Bonfil, 13-26).
Cualquier parecido con la agenda 2011 que abrirá el TPP en México es mera coincidencia. Son tiempos de colocar la ética de los pueblos frente a su ausencia en los estados.

EL TRIBUNAL RUSSELL COMO ALTERNATIVA

LA INFLUENCIA DEL TRIBUNAL RUSSELL COMO ALTERNATIVA SUPERADORA DEL SISTEMA TRADICIONAL DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

“La verdadera eficacia, la fuerza más auténtica del Tribunal Russell no reside en el efecto inmediato y circunstancial de sus reuniones, sino en la labor de información universal que podamos llevar a cabo sobre la base de lo que escuchamos y concluimos en la reunión de Roma. La publicación de las actas, por ejemplo, que se hará en diversos idiomas, permitirá que una gran cantidad de lectores no siempre bien informados se entere de lo que es la tortura en el Brasil o el baño de sangre en Chile, y eso con nombres, circunstancias precisas, cargos irrefutables que ningún servicio diplomático de propaganda de los países condenados podrá desmentir sin agregar el ridículo al crimen”[1]
     
            Fue éste el primer caso de un tribunal moral o de opinión que, a nivel internacional, se avocó al juzgamiento de conductas  configurativas de escandalosos crímenes que, sin su intervención, podrían haberse invisibilizado o naturalizado, obstaculizando de esa manera el acceso a la verdad histórica y la responsabilidad de los  perpetradores por parte de  la opinión pública mundial[2].
 
          Este primer Tribunal, al que también se conoció como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre, constituyó una organización de naturaleza pública, aunque obviamente no estatal, impulsada por el filósofo Bertrand Russell (de quien recibe su nombre), a quien acompañó activamente en su construcción Jean Paul Sartre[3].
La finalidad del Cuerpo, como lo señalara contemporáneamente con su creación el propio Bertrand Russell, era “prevenir el crimen del silencio” respecto de graves afrentas a la Humanidad, que podían quedar sumidas en el más ominosos de los olvidos, justamente porque los autores de estas agresiones eran gobiernos de  países centrales, a los cuales, de ordinario, no alcanzaban ni afectaban las sanciones del incipiente Derecho Penal Internacional, situación ésta que no solamente no se ha modificado desde entonces, sino que se ha profundizado brutalmente a la luz de los últimos acontecimientos internacionales en materia de Derecho Internacional Penal y Derecho Internacional Humanitario[4].
Russell, en el discurso de inauguración del Cuerpo, señalaba las características y objetivos que guiarían la labor del Tribunal: “No representamos a ningún poder del Estado, no disponemos de medios para obligar a los responsables de la política que origina los crímenes cometidos contra el pueblo vietnamita a comparecer ante nosotros en el banco de los acusados... Nos es imposible dictar sentencias ejecutorias”[5].
No obstante estas objetivas limitaciones, Russell interpretaba perfectamente la razón de ser de la entidad: “Creo que tenemos derecho a concluir en la necesidad de reunir un Tribunal solemne, integrado por hombres eminentes, no por su poder, sino en virtud de su contribución intelectual y moral a lo que se ha convenido en llamar, de un modo optimista, civilización humana"[6].
El Tribunal Rusell, como todo Tribunal de opinión, careció desde siempre de inserción jurídica institucional estatal o supraestatal, y su actuación se asemeja a un tribunal popular de conciencia, compuesto por organizaciones sociales, víctimas, intelectuales, militantes, académicos, trabajadores de la cultura, artistas y demás sectores dinámicos de la comunidad internacional, todos ellos dispuestos a oponerse a las injusticias y violaciones de derechos fundamentales que no son juzgados por las jurisdicciones internas o internacionales instituidas. 
 
No obstante estas particularidades, el Tribunal aplicó reglas específicas del derecho internacional vigente, empezando por las que habían puesto en práctica los tribunales de Nuremberg y Tokio, mejorando incluso algunas prácticas procesales, sobre todo en la amplitud demostrada en materia de recolección de las pruebas y la participación conferida a las partes en el juicio[7].
Es necesario, en torno al contexto histórico en el que se creó el Tribunal, destacar algunas circunstancias que ayudan a comprender no solamente la necesidad de la creación del mismo, sino las normas que regían su funcionamiento y sus objetivos.
Las sentencias de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, con sus limitaciones, peculiaridades y características ya analizadas, generaron la creencia mundial de que se había llegado a un punto de inflexión histórico, que permitía especular con el fin de los grandes delitos contra la humanidad, toda vez que la puesta en vigencia de ambos tribunales generaban una razonable expectativa alrededor de la construcción -de cara al futuro- de un sistema penal internacional estable, protectivo de los derechos fundamentales de los individuos y de los pueblos, y una superación de prácticas de aniquilamiento que habían alcanzado en la segunda guerra proporciones inéditas, que debía concretarse en el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional permanente[8].
Parecía que se estaba ante un estado de evolución irreversible de la conciencia jurídica humana, que debería evolucionar fatalmente hacia un mejoramiento de las deficiencias puestas de manifiesto por aquellos tribunales especiales, a la sazón dos precedentes históricos,  y concluir inexorablemente en un sistema estable de persecución y enjuiciamiento. No obstante, estas expectativas demostraron ser exageradas y se vieron frustradas casi de inmediato.
El rol pasivo de la Organización de las Naciones Unidas, y el nuevo mapa político mundial, dieron lugar a un nuevo contexto de mutuas diferencias, que se denominó Guerra Fría, un proceso que acabó con las ilusiones de consolidar formas de convivencia más armónicas y democráticas,  y anuló la posibilidad de articular un sistema único de justicia a nivel internacional[9].
Una de las características de la Guerra Fría fue la política de disuasión trabada entre las grandes potencias emergentes de la II Guerra, a través del almacenamiento de armas nucleares que, de ser utilizadas, habrían de configurar indudablemente crímenes de competencia universal que pondrían en jaque a las administraciones de los países más poderosos de la tierra[10].
Con este marco de hostilidad permanente, era esperable que los tribunales de Tokio y Nuremberg se disolvieran ni bien completaran su función, y que largos cincuenta años debieran transcurrir hasta que se constituyera, muy trabajosamente, un Tribunal Penal Internacional[11].
El interregno significó un estancamiento y un vacío en materia de justicia penal internacional, que comenzó a ser advertido y denunciado por intelectuales, juristas, organizaciones de Derechos Humanos, científicos y trabajadores de la cultura de todo el planeta, que asistían con singular preocupación a la proliferación de guerras, matanzas e intervenciones singularmente cruentas durante la segunda mitad del siglo XX[12].
Esa reacción social a escala mundial, que en buena medida lideró y expresó Bertrand Russell, concluyó en la constitución del primer Tribunal de carácter moral, que comenzó juzgando los horrendos crímenes perpetrados por Estados Unidos en Vietnam, aplicando el derecho internacional vigente, aunque, por supuesto, con la imposibilidad objetiva de que sus resoluciones pudieran ejecutarse u obligar a las potencias agresoras[13].
Al Tribunal de Nuremberg, en efecto,  se le criticó su composición unilateral, ya que estuvo integrado exclusivamente por  representantes de las potencias vencedoras en la guerra, advertencia que, aunque con matices diferenciles, alcanzaba también al Tribunal de Tokio.
En cambio, el Tribunal Russell presentaba una composición universal, a tal punto que muchos de los jurados eran ciudadanos de Estados Unidos, país que fue el principal acusado de agresión y genocidio en Vietnam[14]. Esta composición y actitud del Tribunal marcó un hito histórico y plasmó una conciencia ética superadora, profundamente alternativa, del carácter selectivo que condiciona al Derecho internacional: se juzgaba a Estados Unidos y muchos de los miembros del Tribunal eran ciudadanos de ese país[15].
El rápido prestigio internacional alcanzado, únicamente contrastable con la indiferencia naturalmente interesada que respecto del Tribunal exhibiera el gobierno norteamericano, revelaba que el Tribunal Russell y sus novedosas formas de actuación y resolución de graves conflictos internacionales, habían venido a llenar un espacio vacante en el contexto del Derecho de las naciones[16]: compuesto por 25 miembros, concitó en sus primeras sesiones la participación de representantes  de 28 países, y escuchó y valoró los testimonios de 30 personas que incluían militares norteamericanos y vietnamitas, lo que daba la idea de la convicción férrea del Tribunal por llevar a cabo un juicio justo, con reglas claras de debido proceso legal, antes de emitir sus pronunciamientos[17].
 
 La primera experiencia del Tribunal fue continuada por una segunda instancia, denominada  Tribunal Russell II, que se avocó a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las dictaduras militares en América Latina, particularmente en Uruguay, Brasil y Chile, sesionando en tres ciudades y momentos diferentes: en Roma, en 1974; en Bruselas en 1975  y nuevamente en la capital italiana en 1976. Las sesiones se llevaron a cabo de manera concomitante con las dictaduras cívico militares genocidas que asolaron a estos países, resultando esa decisión un hito ético fundamental en materia de condena moral, y en demanda de memoria, verdad y reparación. En la sesión en la que se clausuró el Tribunal Russell II, se procedió a dar forma a tres nuevas instituciones análogas: la Fundación Internacional por los Derechos y Libertades de los Pueblos (International Foundation for the Rights and Liberations of Peoples), la Liga Internacional por los Derechos y Libertades de los Pueblos (International League for the Rights and Liberations of Peoples) y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Otras sesiones del Tribunal Russell II sobre la situación en Latinoamérica tuvieron lugar poco después en Bruselas (1975) y nuevamente en Roma (1976). En el año 2004 tuvo lugar nuevamente  en Bruselas una nueva sesión del Cuerpo, “continuando la tradición del Tribunal Russell y dentro del Tribunal Mundial sobre Irak”[18].
El filósofo Jacques Derrida elogió esta acción diciendo: “resucitar la tradición del Tribunal Russell es una iniciativa importante y necesaria –simbólicamente- que hay que llevar a cabo hoy en día”[19].
En su más reciente actuación, el Tribunal Russell sobre Palestina -creado en el año 2009- se ha dedicado a  abordar e investigar  a lo largo de sesiones  que se desarrollan en distintos lugares del mundo, entre los años 2010 y 2012, las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas respecto del pueblo palestino[20]: “El Tribunal Russell sobre Palestina reafirmará la supremacía del Derecho internacional como base para una solución al conflicto israelo-palestino. Se identificarán todas las carencias en la aplicación de este derecho y condenará a todas las partes responsables de estas deficiencias ante la opinión pública internacional”[21]. El Tribunal también pretende contribuir, con este enfoque, a la movilización y la implicación de la sociedad civil en todos los Estados interesados en la cuestión de Palestina.
 En palabras de Derrida, el Tribunal se había abierto un camino y ocupado un lugar de indudable prestigio en el concierto internacional, justamente a partir de su decisión de funcionar haciendo caso omiso a la predisposición de los Estados y las instituciones jurídicas constituidas, que habían dejado al desnudo su debilidad, a partir de las dificultades que habían planteado en distintos momentos, potencias tales como Estados Unidos, Francia o Israel[22]



[1] Cortázar, Julio, ex miembro del Tribunal Russel, entrevista brindada a la Revista “Redacción”, desde Roma, en 1974, disponible en http://www.elhistoriador.com.ar/entrevistas/c/cortazar2.php
[2] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico.htm
[3] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico.htm
[4] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico.htm
[5]  http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/historia-militar/1238-los-anos-posteriores-a-la-wwii-guerra-fria-y-comision-russel
[6]  http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/historia-militar/1238-los-anos-posteriores-a-la-wwii-guerra-fria-y-comision-russel
[7] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico.htm
[8] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico.htm
[9] http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/historia-militar/1238-los-anos-posteriores-a-la-wwii-guerra-fria-y-comision-russel
[10] http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/historia-militar/1238-los-anos-posteriores-a-la-wwii-guerra-fria-y-comision-russel
[11] http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/historia-militar/1238-los-anos-posteriores-a-la-wwii-guerra-fria-y-comision-russel
[12] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico.htm
[13] Tabbuci, Antonio: “Llamado a los jueces del mundo. Al menos un juicio simbólico”, disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0001_juicio_simbolico
[14] El  Tribunal  estuvo integrado desde sus inicios, en 1966, por relevantes personalidades de la ciencia, la cultura y el arte. Fueron miembros del mismo, a lo largo de su historia,  el propio Russell, Sartre, Lelio Basso, Guenther Anders, James Baldwin, Simone de Beavouir, Lázaro Cárdenas, Stokely Carmichael, Isaac Deutscher, Gisèle Halimi, Laurent Schwartz, Gunther Anders,  Mehmet Ali Aybar, Vladimir Dedijer, Stokely Carmichael, Haika Grossman, David Dellinger, Lawrence Daly, Wolfgang Abendroth,  Julio Cortázar, Ken Coates, Amado V. Hernández, Melba Hernández, Mahmud Ali Kasuri, Sara Lidman, Kinju Morikawa, Carl Oglesby, Shoichi Sakata, Laurent Schwartz, Peter Weiss y Ralph Schoenman, entre otros, y su primera investigación  se relacionó con los crímenes cometidos en Vietnam como consecuencia directa de la política exterior de los Estados Unidos y su intervención en el país asiático con posterioridad a  la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu (1954), luego de la cual el país quedó dividido en Vietnam del Norte y Viet Nam del Sur.
[15] Inmediatamente después de la creación del Cuerpo, también en 1966, el propio Russell publicó su libro “Crímenes de guerra en Vietnam”, una obra que sintetizaba su histórica militancia y su antigua preocupación por los atropellos y asesinatos perpetrados por el colonialismo y el imperialismo en el sudeste asiático, que habrían de costar millones de muertos (http://www.piratasyemperadores.net/autores/bertrand-russel-erudicion-y-compromiso/).

[16] El Tribunal se constituyó por primera vez durante el mes de noviembre de 1966 y luego sesionó en dos oportunidades sucesivas en Estocolmo y Copenhague; como puede encontrarse en http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/historia-militar/1238-los-anos-posteriores-a-la-wwii-guerra-fria-y-comision-russel.
[17] Las conclusiones, en ese caso, fueron categóricas y permitieron que la Comunidad Internacional pudiera dar por cierta la perpetración de gravísimos crímenes contra la Humanidad. En primer lugar, tuvo por probado de manera unánime que Estados Unidos y otras potencias aliadas (Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur) habían cometido actos de agresión conforme las normas vigentes del derecho internacional en territorio vietnamita. Del mismo modo, encontraron culpable -por unanimidad- a la administración norteamericana de haber efectuado deliberadamente y a gran escala  bombardeos sistemáticos sobre objetivos civiles tales como viviendas, escuelas, hospitales, colegios, monumentos históricos, culturales y templos religiosos. También  responsabilizaron por unanimidad y con una sola abstención a Estados Unidos, por ataques contra la población civil de Camboya, violando la soberanía, neutralidad y espacio territorial de esta nación. Igualmente, declararon por unanimidad a Australia, Corea del  Sur, Tailandia, Filipinas  y Nueva Zelanda cómplices de Estados Unidos en la comisión de este tipo de agresiones y crímenes cometidas por Estados Unidos contra Vietnam, y por mayoría a Japón. Concluyeron -también por unanimidad- que el  Gobierno de Estados Unidos había cometido el delito de agresión contra la población Laosiana, que usó armas prohibidas por el derecho de guerra, y que propinó a los prisioneros capturados por su ejército un trato absolutamente reñido con el derecho de guerra, en lo  que constituyó la corroboración de hechos gravísimos de acuerdo a las normas vigentes del derecho internacional de la época. Finalmente, determinó, unánimemente, que el ejército estadounidense sometió a la población civil a tratos inhumanos vedados y sancionados por el derecho internacional, y resultaba, por todo ello, culpable de haber llevado a cabo un genocidio contra el pueblo vietnamita. Las conclusiones del Tribunal produjeron un indudable aislamiento internacional de los Estados Unidos, y alentaron el surgimiento de una multiplicidad de movimientos  de liberación en todo el mundo, contra la que claramente quedó en evidencia -a través de la autoridad que poseían las conclusiones del Tribunal- como una potencia imperialista que pugnaba por someter a los pueblos del Tercer Mundo con sangrientas y unilaterales intervenciones armadas.
[18] http://www.mundoarabe.org/tribunal_russell.htm
[19] For A Justice To Come. An Interview with Jacques Derrida”, que se encuentra disponible en  http://archive.indymedia.be/news/2004/04/83123.html
[20] http://www.russelltribunalonpalestine.com/es/
[21] “Así, examinará las diferentes responsabilidades que permiten que Israel mantenga la ocupación de los Territorios Palestinos y que no se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas, desde la Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, sobre la partición de Palestina, a la Resolución ES-10/15 del 20 de julio de 2004, en que se respalda la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (del 9 de julio de ese mismo año) sobre la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado por parte de Israel, y se insta a todos los Estados miembros a que cumplan las obligaciones jurídicas que les incumben de conformidad con dicha opinión”. “Se analizarán las responsabilidades de Israel, así como las de otros Estados, en particular los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados árabes y las correspondientes organizaciones internacionales (Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe)”. El Tribunal ha sesionado ya en mayo de 2010 en Barcelona y prevé nuevos encuentros en Londres, Nueva York y Sudáfrica para analizar las complicidades de la Unión Europea y sus Estados miembro en las violaciones de la legalidad internacional en Israel y Palestina”. “El Tribunal Russell sobre Palestina está integrado por personalidades de todos los Estados, incluido Israel, que será uno de los Estados investigados. La legitimidad del Tribunal Russell sobre Palestina no procede de ningún Gobierno ni partido político, sino del prestigio, los intereses profesionales y el compromiso de los miembros que constituyen este Tribunal con los derechos fundamentales”.
[22] For A Justice To Come. An Interview with Jacques Derrida”, que se encuentra disponible en  http://archive.indymedia.be/news/2004/04/83123.html