Logros y desafíos
Hasta ahora se realizaron 153 juicios en los que hubo 660 condenados y 60 personas absueltas. Pero en el año que terminó hubo 19 sentencias contra las 25 de 2014, lo que marca una desaceleración. El objetivo para 2016 es investigar a los civiles, sobre todo al poder económico.
por Alejandra Dandan
En 2006 comenzaron los juicios orales de lesa humanidad. A diciembre de 2015, los juicios llegaron a 153 con 660 condenados y 60 personas absueltas. Hay 116 causas ya elevadas a juicio oral que aún esperan fecha de comienzo de debate y otras 237 en instrucción. Durante este año, hubo 19 sentencias contra las 25 sentencias de 2014: los datos indican una desaceleración de las horas de audiencia de los Tribunales Orales Federales, aún teniendo en cuenta que ahora hay 7 megajuicios en simultáneo con debates más largos. Las estadísticas que acaba de publicar la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del ministerio público muestran parte de los avances y retrocesos del reconocido proceso de justicia por los crímenes de la dictadura en Argentina. Consultados por Página/12, integrantes de los organismos de derechos humanos valoran en términos positivos que durante el 2015 se mantuvieron sostenidamente los juicios en buena parte del país. Y que existieron dos hitos fundamentales: la apertura del juicio a los jueces en Mendoza y del juicio al empresario Marcos Levin en Salta. La comisión bicameral para investigar responsabilidades civiles en el Congreso a partir de marzo, el informe de Flacso, el CELS y el Ministerio de Justicia sobre esos mismos actores asoman como ejes del 2016 para contrarrestar los golpes que recibieron este año las causas a los empresarios. Y también aparece en agenda el inicio del Juicio por el Operativo Independencia. En ese escenario con el nuevo contexto político, los organismos mantienen las alarmas encendidas por la continuidad de las políticas de Estado.
El fin de 2015 marcó varios cierres en simultaneo. Uno se refiere a los números de 2015 y otro más extenso abarca los años transcurridos desde aquel primer juicio oral en La Plata en el que desapareció Julio López. Esa segunda mirada abre un balance sobre los años en los que las demandas de Memoria, Verdad y Justicia –sostenidas incansablemente por los organismos de derechos humanos– fueron tomadas como políticas de Estado. Las primeras declaraciones de Mauricio Macri sobre este eje encendieron señales de alarma al interior de los organismos cuando ante un editorial del diario La Nación que pidió impunidad para los acusados, expresó que “la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea”. Los organismos respondieron inmediatamente que eso no bastaba para garantizar una política de Estado. Luego Macri nombró por decreto dos ministros de la Corte, lo que fue masivamente repudiado por los organismos de derechos humanos.
El balance
Uno de los datos valorados este año por las querellas de estos juicios es el sostenimiento constante de los debates en buena parte del país. Este dato encierra otros ejes. Algunos positivos, como la constante producción de prueba, el acceso a nuevos datos de víctimas y de victimarios y las políticas estatales de desclasificación de documentos. Otros negativos, dado que mirados de cerca los juicios también mostraron mayor lentitud, caída de los números de las sentencias, aumento de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Aquí hay que pensar además el bloqueo o resistencias para el avance de las causas a los civiles. Y en términos de superestructura, el retiro o caída de la actividad de la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia.
Elizabeth Victoria Gómez Alcorta estuvo a cargo de la coordinación del Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia, que se encarga del monitoreo de las causas. “Entre los puntos salientes de este año hay que marcar el primer juicio a un empresario –señala–. Hay que decir además que se mantuvieron sostenidamente los juicios en muchas provincias y que se lleva adelante el juicio a los jueces, sin duda es uno de los hitos de 2015. Creo que la presentación del Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad realizado por el CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia, de algún modo marca la agenda de 2016, lo mismo que el comienzo del juicio por el Operativo Independencia.”
La constante en la realización de los juicios también es una marca de este año para Pablo Llonto, querellante de las causas de Campo de Mayo. Llonto señala que en ocasiones hubo hasta 7 u 8 debates en simultáneo y detalla como punto saliente de “esa intensa actividad judicial es que va a confirmando que las causas están muy activas y que existe un aporte de testimonios y de documentación que agregan cada vez más material de conocimiento sobre nombres, estructuras e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”. Esos resultados marcan al mismo tiempo un desafío: “Los datos que surgen de los juicios permiten buscar a centenares de imputados que hasta ahora se desconocían, pero además identificar a otras víctimas. Esto es porque los juicios no sólo buscan condenas sino que actúan como fuente de prueba. De ellos surgen pruebas nuevas para nuevos juicios con nuevas víctimas”. Uno de los ejemplos, dice, es el juicio por los crímenes del Vesubio con un crecimiento de 100 por ciento de las víctimas entre 2010 a 2015. Vesubio I se hizo por 156 víctimas; Vesubio II por 202 y Vesubio III, que aún no se realizó, tiene a 358 personas.
Otra riqueza de los Juicios –ahora mirados en plazos más largos– es que aportaron datos para identificar lugares donde los detenidos desaparecidos estuvieron alojados. “De gran parte de los desaparecidos no se sabía en qué centro clandestino habían estado –dice Llonto– y ahora, por primera vez después de cuarenta años, sus familiares pueden tener algún dato.” Eso sucede no solo por la reactivación de los juicios, sino por la dinámica de la oralidad: a diferencia de la instrucción los debates orales están permitiendo a las víctimas hablar de manera más suelta, durante mayor cantidad de tiempo y sin la interlocución de un escriba judicial.
Los civiles
Según los últimos números de la Procuración, sobre 54 imputados del sistema judicial sólo 2 por ciento tiene condena; más de la mitad está procesado y un 34 por ciento se encuentra sometido a las primeras medidas de investigación. Entre los empresarios, el panorama es aún más complicado. Sobre 17 imputados, hay 2 condenados y 1 en juicio oral, pero el universo más numeroso lo integran 5 faltas de mérito. Los golpes más fuertes de este año en estas causas fueron la falta de mérito a Pedro Blaquier de Ledesma impulsada por la Casación, el rechazo a las indagatorias de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de Papel Prensa, el reciente apartamiento del camarista Eduardo Freiler en esa causa y la falta de mérito a favor de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Lo positivo, como se dijo, fue el comienzo del juicio a Marcos Levín.
En este campo se esperan algunas novedades para 2016: la sentencia del juicio a Levín; un dictamen de la Procuración en la causa a Pedro Blaquier para que la Corte revise la falta de mérito de Casación; el inicio de las actividades de la Bicameral del Congreso y el demorado comienzo del juicio por los directivos de la Ford. El nuevo escenario político también aquí produce, sin embargo, las mayores dudas y perturbaciones.
Tomas Ojea Quintana es querellante de la causa Ford en representación de los delegados víctimas de secuestros. Ford se elevó a juicio oral hace un año pero no tiene ni jueces ni fecha de comienzo. “Es positivo que en un futuro –aunque no sabemos cuándo– se abra el juicio oral y público contra los crímenes cometidos por los directivos por Ford”, dice el abogado. “El caso ha llevado mucho tiempo pero finalmente logramos que ingresara en el Tribunal Oral de San Martín donde se ha preparado toda la prueba. Sólo queda definir la fecha de comienzo. Eso fue positivo para los trabajadores y el equipo jurídico. Pero eso también lleva a lo negativo, porque desde que el expediente entró al TOF no logramos saber quiénes van a ser los jueces que van a integrar el Tribunal para que el juicio se haga. Hay responsabilidades del Consejo de la Magistratura, de Casación y del mismo tribunal, porque hubo jueces que han ido y venido y renunciaron con argumentos que en nuestra opinión no eran aceptables.” Eso genera, dice, “una incertidumbre muy seria entre las víctimas y nos plantean desafíos como saber si la Justicia y este TOF se va a constituir efectivamente para hacer Justicia en un escenario de un gobierno que no está dando señales en particular por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
David Leiva es querellante en Salta en la causa a Marcos Levin. También destaca la importancia del comienzo del debate aunque adelanta preocupaciones. “Nos preocupó la foto que circuló en los medios cuando Macri se instaló en el Hotel Alejandro I (de Marcos Levín) y el empresario pechó un lugar hasta colocarse a su lado. Nosotros, de todos modos, hemos trabajado y tenemos prueba suficiente en la causa que determina su participación en los hechos que se le imputan y el uso del aparato estatal para perseguir a los trabajadores de la UTA.” El juicio en Salta está todavía en proceso, duró mas de lo esperado, una jueza dejó el puesto y lo mismo sucedió con el abogado de Levín.
Luz Palmas Zaldúa es abogada querellante por el Cels en las causas de lesa humanidad. Señala que el avance en estas causas es un tema prioritario. “En adelante debemos avanzar en la investigación y sanción de los responsables civiles por delitos de lesa humanidad, fundamentalmente los actores económicos. Esperamos la sentencia en la causa que juzga la responsabilidad del dueño de la empresa La Veloz del Norte por la represión sufrida por un delegado gremial durante la dictadura cívico-militar y que finalmente empiece el juicio a los directivos de la empresa Ford, demorado en una jurisdicción, San Martín, que tiene varios juicios con fecha pendiente de inicio. Por otra parte, el Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado puede tener impacto en las investigaciones en curso y aportar información para abrir nuevas causas. Por último, la labor de la nueva Comisión Bicameral puede contribuir a profundizar esas líneas.”
Liliana Alanis querellante en ESMA de la Asociación Profesionales en Lucha señala: “Estos juicios lentos e incompletos, tienen pendiente además la deuda de atacar a los grupos económicos que organizaron el golpe. Contamos con los dedos los civiles que están siendo juzgados o investigados, se reducen mayormente a los casos de apropiación de menores –las mujeres apropiadoras–, cuando la burguesía nacional fogoneó y participó en el golpe militar”.
La documentación
Un aporte central para las causas de lesa humanidad fueron las políticas de Estado de desclasificación de documentos. La fiscalía ESMA pudo reconstruir las estructuras de la Armada para enmarcar la participación de los pilotos de la muerte, juzgados por primera vez en el juicio que se realiza en este momento. El juicio a los jueces de Mendoza trabaja sobre una prueba de mas de 200 expedientes de detenidos desaparecidos que pasaron durante la dictadura de la policía de Mendoza a la justicia federal. Pablo Salinas, del MEDH, es querellante en esa causa. “Los jueces fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días”, dijo sobre el valor de esos papeles. “Entiendo que ahora son centrales los alegatos que se realizan en el debate, en febrero comenzaremos nosotros en representación del MEDH.”
La señalización de la Escuelita de Famaillá como centro clandestino de detención y el anunció del comienzo del juicio por el Operativo Independencia previsto para mayo de 2016 resulta uno de los hechos más importantes para las provincias del norte. “No sólo es importante para Tucumán o Santiago del Estero sino también para Jujuy, Catamarca y Salta”, explica Luis Garay, de la Asociación de ex detenidos de Santiago del Estero. “El juicio por las más de 216 víctimas en el primer tramo y más de 30 imputados abarca una investigación que comienza en 1975 sobre los años de la democracia y que en realidad nunca se terminó. La señalización de la Escuela de Famaillá que fue el primer centro clandestino del país y que estaba totalmente olvidado fue otra de las marcas importantes para este año: por ahí pasaron mas de 2000 personas, 90 por ciento de las cuales están desaparecidas.”
Delitos sexuales
Las condenas por delitos sexuales pasaron de 0 a 15 entre 2010 y 2015. “El avance de estas causas hace dos años era impensable”, dice Carolina Varsky de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Hoy es factible que ante un pedido, un Tribunal haga lugar a condenas de este tipo.”
Rectificaciones en la prensa
Otro emergente del 2015 fueron pedidos de reparación para las víctimas en términos de Memoria y de Verdad. Como sucedió con la fiscalía de Bahía Blanca, la fiscalía ESMA pidió la rectificación de noticias publicadas durante la dictadura por los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y las revistas Somos, Gente y Para Ti. Los artículos presentaban a las víctimas del terrorismo de Estado bajo la configuración de delincuentes subversivos aportando a la acción psicológica impulsada por el régimen de facto. En esa línea pueden leerse otros pedidos semejantes. Esa misma fiscalía pidió que la Corte declare de Patrimonio Histórico y Cultural el contenido de la causa ESMA, una línea que abre instancias de acceso a la información mas allá del contexto del Juicio. También pidieron que se declare de Patrimonio Cultural e Histórico el Programa de la Escuela va a los Juicios. El dato no es menor: en el marco de la acordada de la Corte que regula y restringe el acceso de los medios de comunicación a la producción de la prueba testimonial de los debates, el Programa funcionó como verdadera puerta de salida de los Juicios a la escena de lo público.
Cóndor
En los primeros meses de 2016 habrá sentencia en el juicio por el Plan Cóndor. Luz Palmas Zaldúa, del Cels, señala el aporte de ese juicio para el escenario de Justicia en la región. “De dar cauce a las acusaciones planteadas –dice–, se constituiría en la primera sentencia en probar el Cóndor como sistema criminal, como una asociación ilícita. La importancia de este juicio se extiende a la región ya que esperamos que impulse los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en los países miembros del Plan, sobre todo en aquellos en donde la investigación y sanción de delitos de lesa humanidad no avanzó lo suficiente o ni siquiera dio sus primeros pasos.”
Desaceleración
Entre los retrocesos, los datos de este año marcan una desaceleración en el ritmo de las audiencias de juicios orales. De acuerdo a los datos de la Procuración, el ritmo de sentencias comenzó a descender en 2014 y continuó en 2015. Esto da cuenta de un ritmo a la baja en la celebración de los juicios. Uno de los datos que se analizaron para entender estos números fue la realización de las megacausas: en este momento se hacen siete juicios orales de esas dimensiones con debates más largos y amplios. Sin embargo, sólo 3 de las 7 megacausas en curso tienen demoras con 2 o 3 años de audiencias: La Perla, ESMA y Cóndor.
El último Informe de la Procuración concluye, entonces, que los Tribunales efectivamente tuvieron una postura más laxa, con una baja de audiencias semanales: hay juicios pautados una vez cada 15 días con sólo media jornada de debate.
Este es uno de los principales reclamos de querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país. Entre los casos paradigmáticos aparece la jurisdicción de San Martín y el debate por la ESMA Unificada.
“San Martín es el caso mas gráfico”, dice Llonto. “Con 13 juicios orales en espera, sólo se hizo 1 en el 2015: el juicio por los hechos en la Comisaría de Villa Ballester que debió haber durado un mes y se extendió durante seis meses. Entre los problemas, está la lentitud de los jueces, pero además hay problemas de integración de los tribunales, fallas en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara de Casación.”
Palmas Zaldúa apunta a las dificultades de los tiempos en ESMA Unificada. “Es necesario que se agilicen los tiempos del debate del Juicio ESMA Unificada, que ya lleva más de 3 años, para que antes de concluir el año 2016 tengamos una sentencia. Sería la primera en la que se acredite la existencia de los vuelos de la muerte. Además, esta causa es muy importante para el CELS porque entre las numerosas víctimas por las que aún no hubo condena, se encuentra Mónica Mignone, la hija de Emilio Mignone, fundador del CELS, por el que hasta ahora no hubo ninguna condena.”
Acumulación
De acuerdo a los datos de la Procuración, hay 353 causas en trámite en instrucción o elevadas a juicio oral pero sin fecha de comienzo: 237, es decir, el 67 por ciento está aún en instrucción y 116 fueron elevadas a juicio pero su comienzo no está previsto.
Una de las demandas de los organismos y querellantes es acelerar las causas por la edad de víctimas y victimarios. Una de las herramientas usadas en estos escenarios de crímenes masivos es la acumulación de causas en tramos más numerosos o megacausas. Desde la Procuración, consideran que la tendencia a acumular las causas podría reducir la cifra de trámites pendientes en instrucción. El problema es entender si los criterios que se usaron hasta ahora bastan o hay que imaginar nuevas direcciones. Hasta ahora las causas se acumulan en general por centro clandestino o por imputados, o por fuerzas. “A esta altura del proceso –señalan en la Procuración–, en algunas jurisdicciones quizá haya que empezar a pensar en el aparato represivo de local de modo completo y articular a los distintos integrantes de las fuerzas en un mismo debate.”
Fallecidos
Un dato en aumento es el número de fallecidos a 40 años de los hechos. De los 2220 imputados en Juicio, 13 por ciento falleció: 60 murieron luego de la sentencia y 239 sin sentencias. Otro dato en esa línea es una preocupación por las domiciliarias. Gómez Alcorta señala como retroceso, el avance de prisiones domiciliarias y excarcelaciones: los juicios orales se están realizando con más imputados excarcelados.
Las demoras en la Corte
Otro punto del año es la lentitud en la confirmación de las condenas de parte de la Corte Suprema de Justicia: sólo el 24 por ciento de las condenas está firme y el 15 por ciento de las absoluciones. Entre los problemas que eso genera, las querellas apuntan dificultades para concretar las sentencias: si la sentencia a una persona de 60 años incluye el arresto en una cárcel común, el tribunal no formaliza la detención hasta que la Corte la confirme. Lo mismo sucede con las medidas que disponen exoneraciones.
En esa línea, el CELS agrega que la Corte intervino en 102 casos y en todos confirmó la decisión de los tribunales de primera y segunda instancia, ratificando la constitucionalidad de las decisiones judiciales. “Pero los tiempos que atraviesa una sentencia para quedar firme, pasando por Casación y la Corte, son extensos. Como ejemplo podemos mencionar que la sentencia del juicio de ESMA, dictada el 28 de diciembre de 2011, recién quedó firme por la Corte el 12 de mayo de 2015. En el caso de Juan Carlos Falcón, imputado en el juicio de ABO, fue absuelto el 22 de marzo de 2011; la sentencia fue recurrida por algunas querellas –entre ellas el CELS– que presentamos un recurso extraordinario ante la Corte y a casi cinco años, aún está pendiente de resolución.”
Genocidio
Para José Schulman, de la Liga, lo más significativo de este año fue la sentencia del TOF de La Plata que consideró probado en Argentina el genocidio, “tal como lo estipula la Convención pertinente de 1948. En el 2006 –dice–, en el juicio contra Etchecolatz se entendió que los delitos se cometieron ‘en el marco de un genocidio’, pero la desaparición de Julio López obturó el debate que nunca tuvo razones exclusivamente jurídicas”. Si hubo genocidio, dice él, es porque “hubo un bloque social que lo planificó para reorganizar regresivamente a la sociedad. La Liga propone que el 2016 sea el año de los juicios contra el poder económico, convencidos que el único modo de no retroceder es avanzar en ampliar el campo de los acusados”.
Liliana Alanis, querellante de ESMA, también destaca este dato: “La victoria conquistada este año fue obtener la primera sentencia por genocidio, conforme lo solicitado por la querella de Justicia Ya! La Plata. En el marco del juicio FuerTar 5, por primera vez se condenó a los genocidas por el delito internacional de genocidio. Esperamos que la misma resolución tome el TOF N° 1 en la causa ESMA: a las cosas hay que llamarlas por su nombre, en el país hubo un genocidio, los perpetradores son genocidas y así deben ser condenados”.
Congreso
Un eje positivo de este año fueron las políticas emanadas desde el Congreso. La creación de la Comisión Bicameral para investigar responsabilidades civiles. La ley que impide indultar, amnistiar o conmutar penas a los responsables de crímenes de lesa humanidad aprobada por mayoría con la oposición del macrismo. Y el proyecto de declaración que firmaron todos los bloques –incluso Federico Pinedo del PRO–, que declara a los Juicios de lesa humanidad como política de Estado, fueron parte de los logros.
El futuro y el Estado
La preocupación central de querellas y organismos es el lugar que asumirá el Ejecutivo con estas políticas. “El impulso a las políticas públicas de sostenimiento, programas, direcciones y articulaciones desde el Ejecutivo Nacional son un pilar fundamental del proceso de juzgamiento”, dice Gómez Alcorta. En esa línea, Llonto agrega que “el interrogante político es una preocupación sobre el macrismo porque vemos un Estado seguramente ausente que hoy no da ninguna señal, ni una sola, de apoyar a los Juicios. Esto es preocupante. Es un retroceso a 15 años, a la época de la Alianza en la que algunos de sus integrantes de la UCR hacían mención a la necesidad de Juicio y Castigo pero en los hechos no concretaban nada. Como siempre, nuestra tarea será solicitar, reclamar, ganar la calle, exigir y pensar alternativas legislativas para apurar los Juicios. En esta línea hay que decir que también preocupa mucho el aporte de datos y de documentación que están en manos del Estado a las causas que se llevan adelante porque los nuevos secretarios no dan ninguna señal en ese sentido”.
La región
La Procuración asumió la coordinación del Sub Grupo de Trabajo sobre Delitos de Lesa Humanidad en el marco de la XVIII y XIX Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (Rempm). “Como parte de este rol, elaboró una Guía de actuación para los Ministerios Públicos en la investigación penal de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes de lesa humanidad. La Guía fue adoptada por los fiscales y Procuradores Generales del Mercosur, lo cual significa un importante avance en la investigación de estos delitos.” Por otro lado, el área “organizó en el mes de noviembre, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería, el Coloquio Regional sobre los 40 años del inicio de la Operación Cóndor, donde coordinó un taller de trabajo en el que participaron fiscales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela con competencia en materia de investigación penal de crímenes contra la humanidad”. Durante la reunión, hubo un compromiso para elaborar y compartir una metodología común para el monitoreo del proceso de justicia en cada país, con miras a obtener datos comparables del avance y los obstáculos de los juicios a nivel latinoamericano.
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